Históricamente, desde el Golpe del 30 se experimentó en la sociedad argentina una pérdida de derechos sociales y económicos en forma lenta, paulatina, con altibajos pero constante, que se incrementó con el Golpe de 1976 que, puede pensarse, como el esfuerzo denodado de la burguesía por recuperar una posición de dominio, en el que participaron como figuras centrales las Fuerzas Armadas y desde las sombras la derecha neoliberal. En ese reparto de poder, las asociaciones empresarias más conservadoras manejaron el Ministerio de Economía llevando adelante una política económica abiertamente desindustrializadora y neoliberal, por lo que se afirma que fue un golpe cívico-militar; lo que resulta claro como el agua es que los golpes nunca jugaron a favor del trabajador.

Convirtiéndose en el más cruel y sanguinario de nuestra historia, llevando el avasallamiento, el secuestro y la tortura a todo el espectro social de ese momento, tal cual lo prueba el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) los datos brindados por el “NUNCA MÁS” muestran claramente los porcentajes de personas desaparecidas por profesión u ocupación que se transcribe a continuación:

            Hay que tener en cuenta que estos datos son de septiembre de 1984, no hay trabajo de actualización de los mismos. Hoy, por ejemplo, se estima que el porcentaje de obreros o trabajadores se encuentra aproximadamente alrededor del 60 ó 65%, con lo que hay que suponer que el resto de los porcentajes también tienen variaciones.

            Las fuerzas de tareas se jactaron de su supuesta valentía; este informe muestra claramente que sus operativos se llevaron en el amparo de la oscuridad, el 62% de las personas desaparecidas fue “chupado” en la noche, de ahí que el 62% fue sustraído de su hogar mientras dormía y el 38% durante el día. El 43,23% de los desaparecidos tenía entre 16 y 25 años, y el 38,16 % entre 26 y 35.

            La aberración más grande fue el secuestro de las madres con sus niños y de mujeres embazadas, cuyos niños y bebés fueron sustraídos para ser entregados a familias probas de militares o civiles en sana connivencia con las Fuerzas Armadas,  justificando la acción con que creían que la subversión era hereditaria; de igual manera desaparecieron a los padres de esos niños, con el objeto de quitar esos antecedentes de la sociedad. Sobre estos hechos aberrantes se justificaba el Gral. Ramón Camps: “era necesario impedir que esos niños fueran criados en las ideas de subversión de sus padres. Las llamadas madres de desaparecidos son todas subversivas. Lo son todos los que no se preocupan de hacer de sus hijos buenos argentinos”.

            Dentro de este supuesto proceso de reorganización nacional, los docentes y alumnos no estuvieron exentos de estas atrocidades. Del informe de la CONADEP se desprende que el 5,7 % representa a más de 600 docentes desaparecidos. Para poder comprender cómo terminamos en este proceso, nos tenemos que remontar al golpe de 1966 denominado Revolución Argentina, cuando la educación se puso en manos del sector más representativo de la derecha católica, cesó la vigencia de la Constitución Nacional, y las universidades fueron intervenidas con la consecuente pérdida de sus autonomías universitarias y el epílogo conocido como “La Noche de los Bastones Largos”, lo que significó a posteriori que los cuadros de docentes de universidades fueron reducidos vía renuncia o expulsión, algo que le costó al país 301 profesores, de los cuales 215 eran científicos pertenecientes a equipos de investigación. Además, los movimientos estudiantiles fueron reprimidos e ilegalizados. Sin embargo, el hecho más contundente de aquella época fue la reforma educativa destinada a modificar las estructuras de la educación primaria y media del sistema.

            Los gremios docentes encabezaron una resistencia política dejando de lado sus reivindicaciones y, por primera vez, se comprometieron en lo político movilizando padres, alumnos y gremios contra la Reforma Educativa. Por otro lado, en este período tomaron auge las reivindicaciones de los trabajadores y de las clases sociales postergadas; la conmoción social creciente en búsqueda de mejores derechos y justicia acorralaron al Gral. Agustín Lanusse, quien buscó una salida electoral de 1973. 

            Con estos antecedentes, es evidente lo feroz de la represión en 76. Si uno busca el  “por qué”, basta leer los dichos del genocida Acdel Vilas: “hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión no hemos tocado más que la parte alta del iceberg… Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúan en las universidades y en las escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero, y más precisamente en la Sorbona, Dauphine y Grenoble, que de inmediato transmiten el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina”. O como el comunicado del III Cuerpo del Ejército, informando la quema de obras de Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Antoine de Saint Exupery, etc… “a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, etc. Se toma esta resolución para que con este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia y en fin nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizando en Dios, Patria y hogar”. Estas afirmaciones dieron paso a las acciones, como “La noche de los Lápices”, entre otras.

            Los más de 600 docentes detenidos desaparecidos, lo fueron debido a su ideología política o cosmovisión del mundo. Sin embargo, en la mayoría de los casos fueron producto de su actividad sindical a favor de una mayor dignidad para los trabajadores de la educación que legalmente representaban, al anhelo de encontrar mejores oportunidades educativas para sus alumnos, al compromiso social que desarrollaban junto a sus alumnos en los barrios marginales o a una producción literaria que apuntaba al mejoramiento o superación social de los mismos. En estas actividades, mayoritariamente, y antes de la desaparición del docente, el Estado prestó y decretó el cesanteo del docente o de cualquier otro trabajador, y, por si fuera poco, la humillación que rubricaba el pase a la clandestinidad como de su exclusiva responsabilidad, ya que en el legajo plasmaban como causas figuras tales como el cese de actividades o el abandono del cargo.

            En la lucha por restituirles la dignidad a los trabajadores de la educación víctimas del secuestro, la tortura física y emocional, y la posterior desaparición, en la Provincia de Buenos Aires, como un atisbo de Justicia, se comenzó a ver la luz a principios de este año. Efectivamente, el pasado 22 de Marzo y bajo el Expediente Nº 5802-1865270/12 la entonces Directora General de Cultura y Educación provincial, Doctora en Educación Silvina Gvirtz, firmó una resolución que textualmente dispone “el cambio de la causal de cese en el legajo laboral de todos los agentes que desempeñaron su actividad en la Dirección General  de Cultura y Educación cualquiera fuera su régimen estatutario y que fueron víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, ocurridas durante el último Gobierno de Facto, a fin de restituir la verdad histórica respecto del verdadero motivo de baja”. En pocas palabras, significa que aquellos docentes desaparecidos que figuraban bajo rúbricas apócrifas tales como “abandono de cargo” o “cese”, figuren ahora como “ausencia por desaparición forzada”.

            Para el caso de la Provincia de Buenos Aires, más de 100 docentes desaparecidos durante la dictadura genocida –entre los que encuentran Haroldo Conti, Laura Carlotto y Jorge Omar Bonafini– integran un listado que se fue confeccionando en los últimos años, con la colaboración de docentes, empleados, familiares y organismos de Derechos Humanos. Asimismo, en su Artículo 3, la disposición explicita que “la modificación de la causal de cese deberá hacerse en forma inmediata a la determinación del agente y su situación, sin tener que esperar a que se complete la individualización de todas las víctimas por parte de la Comisión creada”. Es de esperar que este acto de Justicia sea imitado por todas las provincias y el Estado Nacional; una acción más que debemos llevar adelante los gremios docentes como un homenaje a quienes dieron su vida entera por la lucha y sus ideales.

            En este camino, en SADOP nos encontramos en la búsqueda de docentes privados desaparecidos para reivindicarlos, homenajearlos y recordarlos por esas luchas y esos ideales que llevaron flameando y que la ignominiosa dictadura cortó, no sólo sus ideales, sino que tronchó sus cortas vidas, sin saber, y como decía Domingo Faustino Sarmiento: “¡Bárbaros! Las ideas no se matan”; nosotros humildemente agregaríamos que se discuten, se mejoran, se nutren, se socializan, y en última instancia, son de la sociedad, de la comunidad, que sin duda nos hará crecer a todos en la búsqueda del bien común.

            Es bueno recordar la recomendación conjunta de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) relativa a la situación del personal docente: “En el ejercicio de sus funciones, los educadores deberían gozar de libertades académicas. Estando especialmente calificados para juzgar el tipo de ayudas y métodos de enseñanza que crean mejores y más adaptables a sus alumnos, son ellos quienes deberían desempeñar un papel esencial en la selección y la adaptación del material de enseñanza así como en la selección de los manuales y la aplicación de los métodos pedagógicos dentro de los programas aprobados y con la colaboración de las autoridades escolares” (VIII.61)[i].

            Sin embargo, y a pesar de que “todo trabajador es un creador”, las condiciones en que en la actualidad se realiza el trabajo docente evidencian altos grados de explotación y avasallamiento de derechos garantizados, sobre todo aquellos referidos a la jornada laboral y a las condiciones medioambientales en que se desempeña esa labor, pero, por sobre todas las cosas y a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos tiempos, sobre la injusta remuneración que aún se aplica en el sector y sobre todo en el nuestro, el de los colegios privados.