Con motivo de conmemorar un nuevo aniversario del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de SADOP organizó una mesa de debate y reflexión el martes 19 de marzo en la sede central del sindicato. El acto, del que participaron Mario Almirón, Secretario General de SADOP, Carlos Barbeito, Secretario de Derechos Humanos de la CGT, y los diputados nacionales Remo Carlotto y Marcos Cleri, anticipó la enorme movilización que el Domingo 24 de Marzo tuvo lugar en Plaza de Mayo y de la que el Sindicato de Docentes Privados fue parte.
Por la Secretaría de Comunicación y Prensa de SADOP
La Jornada “Derechos Humanos, Un Espacio para la Memoria” comenzó con la proyección de un video en homenaje al dirigente del gremio de farmacia, Alfredo Ferraresi, recientemente fallecido, y a quien Barbeito destacó como un “valuarte de la resistencia”. “Alfredo fue un gran luchador, uno de los últimos exponentes de una gloriosa camada de dirigentes sindicales que estuvieron en la resistencia de 1945, y de allí en adelante hasta los 90”, remarcó el titular de la Unión Obrera
Barbeito hizo una rápida cronología desde la Independencia del País, para destacar la “lucha de un pueblo por su dignidad”. “Una Argentina que se ha visto signada por un modelo agro-exportador, que tuvo una primera etapa pobre, pero que después, con los adelantos tecnológicos, se convirtió en un modelo exitoso y, obviamente, injusto porque solo servía a las minorías que se beneficiaban: la oligarquía argentina y sus aliados”, recordó el Secretario de Derechos Humanos de la CGT, para luego avanzar en el tiempo, con “su agotamiento en 1930, algo que justificó la Década Infame” que buscó “darle una sobrevida a ese modelo”.
Los disertantes coincidieron en que el 17 de Octubre de 1945 se produjo una bisagra en la Historia Argentina, porque aparece un nuevo modelo de país: el de la Justicia Social.
Cleri recordó que las persecuciones –principalmente– a los trabajadores comenzaron con “la fusiladora” de la Revolución Libertadora. “La discusión de un país justo, libre y soberano, o un país para pocos e injusto es histórica en Argentina”, señaló el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, para inmediatamente llamar a “sostener, profundizar y reivindicar” ese país para todos por el que dieron “la vida los compañeros que en los 70 han sabido que su individualidad tenía que estar al servicio de un proyecto colectivo”.
Por su parte, Carlotto invitó a preguntarse por qué se produjo el terrorismo de Estado, detallando a renglón seguido cifras de aquellos años oscuros en Argentina: 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos; 10 mil presos políticos; cerca de 250 mil personas exiliadas en el exterior y en el interior del país; 500 niños apropiados –“robados de las manos de los compañeros o nacidos durante el cautiverio de sus madres”–; pasar de 7 mil millones de deuda externa a más de 40 mil millones; y la destrucción de más de 250 mil pequeñas y medianas empresas.
“Cuando analizamos lo que sucedió en los primeros días de la Dictadura, encontramos dos situaciones: el 2 de abril, Martinez de Hoz –recientemente fallecido, lamentablemente, sin haber pagado con cárcel efectiva y común– planteaba un plan económico retirando la administración e intervención del Estado sobre la economía y convirtiendo al país en agro-exportador de materias primas; y una acción represiva que impidiera que los sectores más dinámicos del pueblo argentino reaccionaran frente a eso”, sintetizó Carlotto, que representa a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación. Es por eso que destacó que “las primeras víctimas fueron los trabajadores”. Además, el diputado especificó que esas detenciones se llevaron a cabo en centros clandestinos y de tortura, algunos, incluso, que funcionaron en las mismas plantas fabriles en los primeros seis meses del Proceso “con el objetivo de paralizar a los cuerpos de delegados, que iban a ser los primeros en reaccionar frente a lo que significaba el avasallamiento del plan económico”.
El secretario general de SADOP cerró el acto y, citando al “Proyecto Umbral”, señaló que la última Dictadura Militar fue un “Anti-Proyecto” de “sumisión incondicional al Imperio del Norte, que necesitó atropellar a los sindicatos, a los trabajadores y a las organizaciones sociales y políticas” porque eran un obstáculo para el liberalismo y ese “diseño de un país para pocos”. Almirón: “Fue un plan pensado para acentuar nuestra dependencia y evitar que se consolide nuestra liberación. Y, en alguna medida –afortunadamente con distinto contexto y realidad–, una parte de esa pelea sigue hoy, porque continúa habiendo en el país quienes piensan en el diseño de una Argentina para una minoría a costa de imponer la lógica del capital por sobre la lógica del trabajo, a costa de intentar cada vez maximizar las ganancias y relegar a los trabajadores. Sigue habiendo quienes piensan que la represión, la discriminación, la no participación, pueden ser maneras de encausar al pueblo”.
Además, Almirón se pronunció a favor de democratizar el Poder Judicial de la Nación. “El proceso político iniciado en 2003 –del que nos sentimos partícipes– logró descarnar la impunidad que tuvo el terrorismo de Estado durante mucho tiempo. La propia dictadura, retirándose en 1983 con su propia ley de auto-amnistía, y luego la Justicia que hoy tenemos –que en gran medida es la misma que teníamos durante los gobiernos de Alfonsín y Menem– encuentra inconstitucionalidades en leyes como la de Medios y otras votadas en amplia mayoría por el Congreso, pero no tuvo problemas en sancionar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y en decretar los Indultos para los genocidas. No eran leyes de perdón ni de contenido formal. Eran leyes de impunidad para los crímenes de Lesa Humanidad.” El dirigente de SADOP denunció no solo que se trata del Poder más conservador de los tres, sino que dicta fallos, sentencias y resoluciones tendientes a proteger a los poderosos y a castigar a los más desprotegidos y humildes.
Finalmente, rescató la decisión política del ex presidente Néstor Kirchner y de los legisladores que resolvieron la nulidad de dichas leyes de impunidad. “Se pudo avanzar en los juicios, y se dictaron condenas sobre los jerarcas de la Dictadura Militar”, señaló. “Es importante no solo por las víctimas, por los compañeros que perdieron la vida en esta lucha, sino también porque ese terrorismo, que fue hecho desde el Estado, le quitaba legitimidad y razón de ser al propio Estado. (…) Esto también fue posible porque los organismos de Derechos Humanos, las Madres, las Abuelas y los familiares de detenidos nunca abandonaron una lucha que, en algún momento, parecía perdida y con la impunidad totalmente consolidada”, concluyó Almirón.