Por María Elina Escot

Secretaria General de SADOP Mendoza

Consejo Directivo Nacional

Organizado por la Asociación Nacional de Educadores de Gestión Social, la Asociación Mendocina de Educadores de Gestión Social (S.E.M.B.R.A.R.) y la Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa, los ejes del Congreso fueron:

• La educación como proyecto político constitutivo del Proyecto de País y Latinoamérica.
• Desafíos políticos y pedagógicos de la educación para una democracia participativa.

  Participaron afiliados, delegados y miembros de Comisión Directiva de SADOP Seccional  Mendoza. A modo de cierre del Congreso, los organizadores invitaron a los gremios realizar sus aportes y conclusiones que presentamos a continuación.

La Educación Social y su relación con el Estado como garante del derecho a la educación

Es importante destacar el reconocimiento de la gestión social en los Artículos 13 y 14 de la Ley de Educación Nacional. Allí se la aprecia como parte integrante del conjunto del Sistema Educativo Nacional regulado por el Estado para posibilitar el ejercicio del derecho a la educación. Dicha ley tuvo apoyo de todos los sectores partidarios, académicos y gremiales, por lo que podría decirse que la educación de gestión social goza de un importante consenso. Sin embargo, se hace necesario aclarar el concepto y preguntarnos si todos los actores educativos y sociales lo interpretan de la misma manera. No se trata solamente de construir conceptos teóricos sino de poder contrastarlos con las distintas realidades de las instituciones de gestión social que nos interpelan en distintos contextos.

Construcción conceptual: aportes de todos los sectores presentes en el congreso

Durante los talleres y las ponencias en que participaron distintos actores representativos de la gestión social (funcionarios del gobierno, instituciones, docentes y representantes gremiales) se pudieron percibir coincidencias en algunos conceptos clave que parecen repetirse. Entre ellos, tomaremos algunos que resultan coincidentes con la posición de SADOP frente al sistema educativo en su conjunto: Educación Popular, Derechos Humanos, Rol del Estado y Nuevos Escenarios.

Educación Popular: este concepto es coincidente con la declaración del Seminario Internacional “Educación Popular e Integración Regional: Vigencia y perspectivas de Paulo Freire”, que tuvo lugar en la sede de SADOP Nación los días 24 y 25 de abril de 2013. Allí, las organizaciones de trabajadores que integran FLATEC y SADOP declaramos que “Los trabajadores organizados tenemos mucho que aportar a una pedagogía popular que sea capaz de revertir lo que la globalización unipolar desfragmentó. Para ello nuestros pueblos deben convertirse en el sujeto histórico central de ese proceso, asumiendo la interculturalidad y la preeminencia ética de los marginados de la tierra que hoy nos siguen interpelando”.

El pensamiento de Paulo Freire sigue siendo vigente por su identidad latinoamericana y latinoamericanista, pero los cambios de época nos interpelan para actualizarlo. Esta visión desde nosotros mismos es indispensable para la “descolonización pedagógica y cultural” y por lo tanto debería atravesar a la educación en su conjunto: estatal, privada, cooperativa y de gestión social; y en todos los niveles desde el maternal al superior. De lo contrario, corremos el riesgo de generar “subsistemas” o de marginar a la gestión social a una gestión “para pobres”. Sin embargo, observamos que en el Sistema Educativo de Origen Social, la Educación Popular es una práctica en los hechos mientras que, en otros sectores educativos, no deja de ser desiderativo, una expresión de deseo o absolutamente inexistente. Esto nos lleva a un planteo posterior sobre qué es lo propio de la Gestión Social.

Lo propio de la Gestión Social: en Mendoza llamamos SEOS a los Servicios Educativos de Origen Social. La cuestión sobre el origen parece aclararnos que las instituciones son posteriores en el tiempo a las iniciativas. Lo que sucede en la práctica es que la comunidad, o algún sector social de esta, tiene capacidad para detectar demandas sociales y sabiendo que “donde hay una necesidad hay un derecho” se organiza para poder concretarlo. Ahora bien, solo es posible una verdadera transformación de la realidad cuando estas demandas se convierten en “políticas de Estado”; por eso y desde su inicio, se trata de una gestión “asociada”. La política actual centrada en los Derechos Humanos no puede ser sectorial, es decir, no puede atender los derechos de un sector para desatender a otros. Los trabajadores docentes de gestión social no pueden garantizar los derechos de la población que atienden en condiciones y medio ambiente de trabajo precarios. Para decirlo en positivo: a mejores condiciones de trabajo, mejor calidad educativa.

Estas instituciones abiertas, insertas en la comunidad, sólo cumplirán su propósito en la medida en que sean democráticas y que promuevan la participación de todos los actores. Frente a esta enorme responsabilidad que conlleva la libertad de construir en territorio situado, el sistema educativo formal tiene una gran deuda y adolece de ser un sector, como el de la justicia, que tiene mucho camino que recorrer en la concreción democrática de participación ciudadana, capaz de generar vínculos más horizontales y menos autoritarios.

Marcos legales, participación paritaria y garantía de derechos: podemos debatir si hace falta una ley de Educación Privada, otra de Gestión Social o una ley abarcativa que entienda la Educación en su conjunto. Lo que es indiscutible es que necesitamos una Ley Provincial que se ajuste a la Ley de Educación Nacional. También es seguro que los docentes de gestión social no garantizan sus condiciones de trabajo con vacíos legales o ausencia de representación gremial.

SADOP en Mendoza apoyó la Ley de SEOS en la certeza de que era una ley con mucho consenso entre las instituciones y los docentes de Gestión Social. Las diferencias con los sectores estatales, tanto gremiales como municipales, como fueron la aplicación del Estatuto en lo referido al ingreso y permanencia, o la cuestión de los títulos, no puede ser motivo para negar este derecho, aunque sí para continuar con un debate que sigue siendo actual frente a la precariedad laboral de nuestros compañeros. En todo caso, actualiza la necesidad de tener paritarias docentes que garanticen la participación de todos los gremios de la educación para no monopolizar el discurso y atender las distintas relaciones laborales que existen en las organizaciones intermedias, privadas y municipales. Se hace necesaria la continuidad de la participación gremial en el Consejo Federal de Educación: convencidos de que la capacitación política que brindamos es la que reclaman los docentes y las Instituciones de Gestión Social, como lo expresaran claramente en el Congreso. Hay realidades comunes a la Educación Privada, como la libertad de nombrar y promover docentes según su identidad con la comunidad educativa para garantizar el proyecto. Negamos la libertad de remover o despedir a los trabajadores sin causa justa, y promovemos la formación docente gratuita, en servicio y en su lugar de trabajo, que parta de la realidad institucional con “esos” docentes, en esa comunidad, con esos chicos. El “perfil docente” o “responder al proyecto educativo institucional”, debe ser el piso construido colectivamente para transformar la realidad y no la excusa para despedir docentes de su lugar de trabajo.

Línea histórica: nuevos escenarios y rol del Estado. Garantía de derechos con políticas económicas sustentables

Los vínculos comunitarios, quebrados con el modelo neoliberal excluyente apoyado por el Consenso de Washington, provocaron la ausencia del Estado y la creciente necesidad de suplir este vacío. Así, hacia el año 1988 en Mendoza se generó el Proyecto de Servicios Educativos de Gestión Social, para atender las necesidades básicas de un sector que quedaba desprotegido, los niños desde los 45 días hasta la edad escolar. Este es el motivo por el cual la gestión social en nuestra provincia comprende mayoritariamente jardines maternales y en menor medida Centros de Apoyo Educativo (CAE) o Capacitación para el Trabajo. Estos servicios siempre contaron con subsidio estatal y sobrevivieron a las distintas gestiones de Gobierno (que implicaron diversas miradas sobre la gestión privada y la gestión social). Sobrepasaron también la crisis del 2001, en la que casi desaparecemos como patria. Luego de esa crisis sobrevino un modelo político centrado en la justicia social y los derechos humanos que nos permitió, entre otros logros, que entre 2004 y 2011 se firmaran 9337 convenios colectivos, alcanzando a 4.225.000 de trabajadores. En la profundización de ese modelo, no en un sentido contrario, es que SADOP insiste en alcanzar su propio Convenio Colectivo de Trabajo y su efectiva participación en todas las paritarias docentes de todas las jurisdicciones. Estos “nuevos escenarios” políticos y sociales interpelan también a las relaciones laborales y el modelo sindical.

Nuevo Modelo Sindical: SADOP y la genuina representación de los docentes de gestión social

SADOP no es un sello “vacío”, la Personería Gremial Nº 90 es territorial, se hace presente en cada institución y con cada docente. Nuestra política gremial es legitimar la representación sindical en el conocimiento de cada unidad educativa; para esto promovemos elecciones de delegados que nos permiten conocer la realidad y dar respuestas rápidas. La situación de los docentes de gestión social, que muchas veces participan como miembros de las organizaciones sociales o empresarias, no es desconocida para nosotros. Esa situación puede darse en otras instituciones privadas en las que los docentes son miembros de la Fundación Patronal. De hecho, el surgimiento de las cooperativas para evitar cierres de fuentes laborales es una realidad. El discurso del “compromiso social” nos resulta familiar y tiene similitudes con el discurso del “compromiso apostólico”, pero no nos confunde fácilmente. ¿Acaso los docentes privados, entre ellos los compañeros de gestión social, tienen que ser excluidos de sus derechos laborales por tener identidad institucional y compromiso social, político, religioso o cultural? Hablar de los derechos de los sectores más vulnerables es hablar de los docentes privados de gestión social, al menos hasta la firma de nuestro convenio y la plena participación de SADOP en las paritarias docentes. Mientras tanto hablar de garantizar el derecho a la educación con los nuestros será como mostrarle comida a un niño hambriento.

Acta Acuerdo de la Educación Pública de Gestión Privada y sus posibles aplicaciones jurisdiccionales para la Gestión social

Los tres puntos del acuerdo merecen y resisten un análisis situado desde y para los docentes de gestión social.

Ámbito: la cuestión del ámbito del acuerdo implicó dilación en la firma del Acta, como si la forma fuera superior al contenido, o la norma superior a la justicia. No tiene sentido hablar y debatir si el ámbito es el Ministerio de Trabajo o el de Educación, si corresponde firmar un acta del Consejo Gremial de Educación Privada, o si la norma es un Convenio o una resolución; si la discusión es para dilatar o negar a SADOP el derecho a representar colectivamente a los docentes privados y concretar mejores condiciones de trabajo. Similar situación puede presentarse con la gestión social. ¿En qué ámbito está la Gestión Social? ¿En Educación? ¿En Desarrollo Social? ¿Sola y en el aire? Obviamente que al estar reconocida dentro de la Ley de Educación Nacional facilita la comprensión del ámbito. Puede considerarse dentro de la Educación Privada tener una Subdirección, una Dirección propia o rango ministerial pero esto por sí solo no cambia la realidad de las instituciones y sus docentes. Más allá del ámbito, lo importante son las concreciones y éstas se manifiestan en voluntad política de gestionar y promover acuerdos entre las partes que puedan ser exigidos y respetados. Por eso, nuestra insistencia con las paritarias docentes, en las que no se descuide la Educación de Gestión Privada y de Gestión Social ignorando la representación gremial de SADOP.

Financiamiento: este párrafo nos recuerda que la demora en los aportes del Estado no exime la responsabilidad patronal del pago del salario en tiempo y forma. Pero lo interesante del acuerdo es que pone de manifiesto el carácter ideológico del financiamiento como garantía de equidad y justicia educativa. El rol del Estado en las instituciones de gestión cooperativa y de gestión social es vital para garantizar los derechos de todos. Muchos se resisten a esta “insoportable igualdad”: licencias pagas en igualdad de condición que en el Estado (incluidas las gremiales) al menos para los de cuota cero o de función social. Los docentes de gestión social afiliados a SADOP conocen sus derechos, saben que tienen derecho a las mismas licencias que sus compañeros del Estado pero se las niegan, limitan o, en el mejor de los casos, resienten su relación laboral porque no están subsidiadas.

Contratación laboral: establecer que la forma típica de contratación laboral es por tiempo indeterminado es de tal acierto que no merece mayores comentarios. Somos concientes de que la firma del acuerdo no basta para transformar las relaciones laborales de injusticia: monotributistas, contratos basura de marzo a diciembre, falta de registración laboral y otras. Hace falta recorrer cada institución educativa, y conocer la realidad de cada una para exigir el cumplimiento de la norma. Nuestro principal campo de lucha sigue siendo la conciencia de los trabajadores, el conocimiento y cercanía del sindicato que los representa. El esfuerzo de los compañeros paritarios cuya responsabilidad fue delegada por SADOP en su conjunto debe ser acompañado por las conducciones locales, por el cuerpo de delegados y por cada afiliado presente en su lugar de trabajo.

Diálogo entre la Gestión Social y el resto de la Educación

La experiencia en trabajo comunitario con todos los actores y sectores de la comunidad merece ser tenida en cuenta como modelo para el resto del sistema educativo. Es un gran acierto el nombre del Congreso “Educación de Gestión Social por y para la Paz”. La necesidad de “democratizar” la escuela, darle la palabra al otro, es un gran avance para una escuela sin violencia. En este sentido SADOP apuesta seriamente a la democracia sindical en el marco de un sindicato por actividad, como apuesta a favor de la Unidad Gremial Docente en el reconocimiento de SADOP como único representante de los docentes privados. Para los trabajadores sindicalizados en SADOP una escuela sin violencia es también una escuela sin violencia laboral. Hablamos de violencia institucional porque no se respetan nuestros derechos y esto se resuelve, entre otras acciones, haciendo visibles las condiciones y medio ambiente de trabajo.

Sin el reconocimiento de nuestra representación gremial, de nuestras Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y sin un mayor financiamiento, la Gestión Social será la empobrecida gestión de los pobres para los pobres, en lugar de ser garantía de equidad territorial como se propone en sus principios.