Los 30 años del fin de la dictadura cívico/militar de 1976 nos motivan a realizar un balance desde la perspectiva del Pueblo, a partir de sus necesidades y derechos, pero en particular sobre el derecho humano a la educación.

   La lucha popular terminó con el terrorismo de Estado. Es una conquista muy importante, si tenemos en cuenta lo que significó la dictadura, las terribles atrocidades cometidas y los miles de hermanos que hoy no están. La vigencia de una democracia -aunque formal y restringida- desde octubre de 1983, permitió iniciar un camino de recuperación de libertades y derechos.

   Más complejo fue -sin dudas- atacar la trama de actores económicos que se beneficiaron con el plan criminal ejecutado por la dictadura iniciada por Jorge Rafael Videla. La Sociedad Rural Argentina (SRA), los prestamistas internacionales como el City Bank, las multinacionales, los grandes diarios y medios de comunicación social, que no sólo apoyaron a la dictadura, sino que se beneficiaron directa o indirectamente con el saqueo económico que la misma perpetró. Estos últimos permanecieron en el poder luego de que la dictadura finalizara y sus personeros fueran desalojados de la Casa Rosada.

   Esa ideología de lucro y mercado, que en los 80 y 90 continuaron los grupos económicos a través de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamérica (FIEL) o el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), mantuvo incólume el paradigma neo/liberal que se inició con Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía.

   Aunque el Pueblo pudiese elegir a sus gobernantes, votando "un día", no es menos cierto que "los mercados votaban todos los días", como señaló con agudeza el economista Aldo Ferrer. En ese contexto la educación ocupó el espacio que el ajuste estructural le dejó. La transferencia de servicios educativos a las provincias fue el nombre que tuvo el ajuste neo/liberal de los 90 en esa área. Con el apoyo -o el silencio cómplice- de muchos que hoy hablan se desmanteló el sistema educativo nacional.

   Los docentes resistimos, junto a otros trabajadores estas políticas en los 90. Resistimos luchando en la calle, dando el debate en cada lugar y organizando a nuestros compañeros desde el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

   Los últimos diez años significaron un cambio sustancial. El intento más serio de transitar de una democracia formal a una estructural o real. Donde no sólo pudimos elegir a nuestros gobernantes y que ellos tomaran sus decisiones por el mecanismo o procedimiento propio de la democracia (las mayorías, la voluntad popular) sino donde se generaron políticas direccionadas a que todas y todos pudiéramos ejercer en la realidad nuestros derechos. En educación este cambio profundo se ha iniciado y cuenta con nuestro apoyo.

   Esta "década ganada", en ampliación de derechos y Justicia Social, no es sólo patrimonio de un Gobierno. Es un "activo social" del conjunto del Pueblo.
Sin dudas aún queda mucho camino por recorrer. Pero la puesta en vigencia de la Ley de Educación Nacional, encaminada a construir una sociedad más justa, con inclusión e igualdad, marca camino que rompe con el paradigma neo/liberal y desafía al conjunto de las Organizaciones populares.

   El Estado puede hacer mucho -y ha hecho bastante en estos últimos diez años- pero no puede reemplazar la acción de la Comunidad Organizada. Estamos llamados a militar este Proyecto de País y llenarlo de participación popular.


Mario Almirón
Secretario General
SADOP-CDN
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@mromanalmiron