Por la Secretaría General de SADOP

La contradicción está dada por quienes han pugnado por concentrar el poder político, los recursos económicos y los bienes culturales en pocas manos, y aquellos que pretendemos la democratización de tales recursos en clave de Justicia Social.

Durante mucho tiempo, ambos grupos pugnaron fuertemente por la hegemonía en la conducción de nuestro país, sin poder lograrla del todo (al punto que algunos estudiosos del fenómeno político y de la historia argentina han hablado de un "empate hegemónico").

La novedad de la etapa iniciada en 2003 puede expresarse de este modo: por primera vez en bastante tiempo, una expresión de la línea nacional y popular logró en el corto y mediano plazo imponer de manera hegemónica una política dirigida a ampliar los derechos, la participación política y la mejora de la distribución de la riqueza nacional. Más de diez años y tres mandatos constitucionales marcan una etapa signada por el apoyo popular a tal dirección, en procura de consolidar un proyecto de país.

Advertidos de la potencia de tal hegemonía, los conductores del bloque liberal-conservador han desatado una fuerte ofensiva para interrumpir esta etapa recurriendo al "terrorismo de mercado". Generando desde el sector financiero maniobras especulativas enormes, desinformando desde los medios masivos de comunicación y sembrando el desánimo y la desconfianza han creado algunas condiciones para lograr sus objetivos. Buscan reducir al Estado a su mínima expresión, imponer al mercado como regulador de todas las relaciones sociales y someter a los trabajadores. En definitiva, destruir toda construcción propia de un Estado de Bienestar.

  Es importante visualizar esta contienda. No se trata exactamente de la pelea entre el gobierno y la oposición. Se trata de la lucha –mundial, por otra parte– entre el liberalismo conservador y el modelo de la Justicia Social.

El bloque liberal conservador –el modelo del capital concentrado– presiona para impedir que la hegemonía de la línea nacional y popular continúe, aunque para ello sea necesario que el actual gobierno no termine su mandato. La democracia, claro está, no es un valor central para este modelo; nunca lo fue. Incrementar los precios y la rentabilidad empresaria, generar desabastecimiento, forzar la devaluación de la moneda nacional, destruir puestos de trabajo y deteriorar el poder adquisitivo del salario son prácticas propias de aquella finalidad.

La línea nacional popular pugna por mantener la redistribución de la riqueza, acrecentar los derechos y aumentar los niveles de Justicia Social. Se trata de una enorme pulseada; la más grande quizás, de los últimos diez años. En ese contexto se inscribe nuestra acción sindical presente y futura.

El modelo de los trabajadores
Desde SADOP creemos en un modelo sindical que podríamos caracterizar como “sociopolítico”. No luchamos solamente por mejorar de manera continua nuestras condiciones de vida y de trabajo, sino que, además, expresamos claramente en qué país queremos vivir.

Nuestro proyecto de país incluye: el reconocimiento del valor del trabajo como eje vertebrador de la sociedad; la protección del salario y su mejora; el fomento del mercado interno y regional; la importancia estratégica de la ciencia, de la cultura y de la educación tanto para el desarrollo de la participación popular como para el aumento del valor agregado; las paritarias como mecanismo importante en la redistribución de la riqueza; la ampliación de los derechos de los trabajadores en actividad y de los jubilados; y una política tributaria progresiva, que grave más a quienes tienen más capacidad contributiva.

Entonces, es claro que dicho modelo de país confronta con el modelo de concentración agroexportador que quiere imponer esta nueva versión del liberalismo conservador, que busca valorizar al gran capital exportador, fortalecer el mercado externo y las exportaciones, bajar costos reduciendo salarios para mejorar competitividad, devaluar y pesificar deudas, ponerle freno al reclamo sindical y techo a las paritarias, concentrar la riqueza y mantener un esquema tributario regresivo. Desde luego, este modelo produce desigualdad, pobreza y exclusión.

La economía no es una ciencia exacta. Está conducida por el Estado en nombre de las grandes mayorías o por los grupos económicos concentrados en su propio beneficio. Es un "territorio en disputa", que juega en una u otra dirección sobre la base de quien ejerce la hegemonía política en la conducción del país.

El conflicto y las paritarias docentes

En este complejo contexto signado por una pérdida de poder adquisitivo del salario (producto del incremento de precios y la devaluación) nos aprestamos a discutir en paritarias. No lo hacemos en "el aire" sino bajo algunas premisas.

Desde el Sindicato tenemos la necesidad de defender el poder adquisitivo del salario docente, impidiendo que el trabajador sea víctima del ataque de los grupos de capital concentrado y termine pagando el costo de la devaluación de nuestra moneda nacional.

Es necesario el fortalecimiento del ámbito paritario como mecanismo democrático de toma de decisiones respecto del conjunto de las CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) de los docentes.

Además, es fundamental que todo incremento comprenda no sólo a los trabajadores en actividad, sino también a los compañeros jubilados como elemental expresión de solidaridad intergeneracional, así como también de fortalecimiento de la unidad de acción de los trabajadores. Somos conscientes de que, ante esta ofensiva, es una obligación renovada trabajar en pos de la unidad del campo popular.

En los últimos dos años, el gobierno nacional ha mostrado contradicciones con su propio programa de gobierno al clausurar el debate paritario y fijar un piso salarial –insuficiente– de manera unilateral. Es de esperar que ese error –grave– no se repita este año. Las paritarias docentes no son solamente una exigencia propia de la dignidad del trabajador de la educación. Son una parte importante del modelo de país que queremos sostener. Las paritarias hacen a la democracia en el plano social.

El salario justo no es sólo un imperativo ético; es parte esencial de un país con Justicia Social distinto a la “República de la Soja” que algunos quieren. Entregar los salarios, las paritarias y el mercado interno a los grupos de poder concentrado no va a mejorar la situación. La empeorará.

No se trata de intentar ahogar los reclamos de los trabajadores (al estilo del gobernador José Manuel de la Sota, quien trató de reglamentar la huelga en la Provincia de Córdoba para impedirla). No se trata de atacar los efectos, sino las causas. Si hay conflicto laboral es porque hay injusticia en las relaciones laborales. Atacar la raíz de esa injusticia es el camino. Deberíamos ver al conflicto como una energía social que, bien canalizada, ayuda al equilibrio y al desarrollo de un país con Justicia Social.

Como trabajadores, nuestra lucha no es contradictoria sino coherente con un proyecto de país para todos. Conscientes de nuestra responsabilidad y exigencias, continuaremos nuestra comprometida tarea cotidiana por la Justicia Social.