Por la Seccional Provincia de Buenos Aires de SADOP

Estos individuos, a la hora de tomar decisiones y utilizar herramientas de control y evaluación, optan por aquellas que les facilitan tener un escenario universal y abstracto donde los que conforman la comunidad educativa no tienen espacio-temporalidad ni historia. Para estos poderosos, generalmente pequeños grupos concentrados, la inversión educativa que procure la inclusión integral de toda la población es un despropósito. Por ello sostienen y se nutren de las pruebas internacionales, por ejemplo las PISA (Program for International Student Assessment), elaboradas por los países centrales que desconocen la identidad de los pueblos y su dinámica histórica. Estos programas son para controlar y desplegar “la dependencia”(3) que el centro ejerce hacia la periferia.

Este clima recrudece por ciclos; crece y se desarrolla en todos aquellos territorios donde las sociedades viven situaciones de significativa fragmentación cultural sea coyuntural o crónica. Nosotros, en la Provincia de Buenos Aires, no estamos ajenos a estos embates que los medios dominantes ponen de manifiesto a diario. Actúan con insistencia y perseverancia procurando generar un clima de incertidumbre, desasosiego y malestar.

El Sistema Educativo, y particularmente la institución escolar, viven las mismas tensiones y conflictos que el conjunto de la sociedad. Y este es el contexto real que nos toca a  los trabajadores docentes y desde el que tenemos que educar (4).

Para adentrarnos en la problemática que nos ocupa, vamos a prestar atención a lo señalado por la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 que, en su Artículo 16 inciso a), dice refiriéndose a la calidad: “brindar una educación de calidad, entendida en términos de justicia social conforme a los principios doctrinarios de la presente Ley, con igualdad de oportunidades y posibilidades, y regionalmente equilibrada en toda la Provincia, asignando recursos a las instituciones de cualquier Ámbito, Nivel y Modalidad para que le otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a través de políticas universales y estrategias pedagógicas, fortaleciendo el principio de inclusión plena de todos los alumnos sin que esto implique ninguna forma de discriminación”. (5)  

La calidad en la educación, entonces, no puede ser reducida o circunscripta a estrategias pedagógicas que procuren la asimilación de los contenidos propios de los diseños curriculares. Para que se produzca el verdadero aprendizaje se necesitan políticas universales que prioricen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que haya un equilibrio regional a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades, y que la inclusión plena se alcance practicando la justicia social. La medición de todos estos componentes, dinámicos y complejos, por cierto, se puede llevar a cabo en cada lugar de trabajo, vale decir, en la institución educativa.

En la normativa provincial, Capítulo III, Artículo 63, leemos: “la institución educativa es la unidad pedagógica del sistema, responsable de los procesos de enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, articula la participación de las distintas personas que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ex alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, miembros integrantes de las cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución." Ahora bien, para que se logre el aprendizaje se deben cumplir una serie de condiciones y es necesario que se practiquen una serie de pautas que resultan imprescindibles. Por ejemplo, en su Artículo 65 se enumeran varios criterios: a) “Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes…”; b) “Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en la experiencia escolar” (...); g) “Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión y acompañar el progreso de los resultados académicos” (...); i) “Definir su código de convivencia”.

Los criterios aquí señalados, que son los establecidos por la normativa vigente y luego enriquecidos por el Decreto 2299/11 (6) nos marcan, a los trabajadores y al conjunto de la comunidad educativa, la intrincada tarea para alcanzar una educación de calidad. Por ejemplo, ya estamos transitando el Ciclo Lectivo 2014 y sin embargo podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que son muy pocas las escuelas privadas que tienen en funcionamiento pleno los Consejos de Escuela, los Acuerdos de Convivencia, los Centros de Estudiantes, los Planes de Prevención de Riesgos. Más todavía, en los artículos 117, 118 y 119 de la citada norma se establecen las pautas para la Autoevaluación Institucional y, sin embargo, está omitida en la agenda institucional. Estamos convencidos de que la evaluación institucional participativa es una de las vías a transitar. Pero ello implica un cambio cultural muy profundo tanto en el sector de los trabajadores como en el de los empleadores.

El enfoque dado en los parráfos arriba expresados señala que la institución educativa es un entramado vincular en el que se conjugan lazos personales y contextuales orientados hacia el aprendizaje de cada uno de los que conforman la comunidad educativa. Aunque debe quedar en claro que el protagonista por excelencia de este aprendizaje es el estudiante. Sin embargo, este aprendizaje se desenvuelve en un ambiente de alta conflictividad puesto que lo que se pone en juego es si este aprendizaje libera (7) u oprime a los que acceden a la comunidad educativa. Toda institución, y las educativas no están exentas, instituye y constituye, y, como tal, no representa ninguna sorpresa puesto que es común que así ocurra en las familias, las escuelas, las iglesias, los partidos políticos, los clubes, la sociedad en general. La cuestión está en corroborar si lo instituyente puede ser tan poderoso que dificulte u obstaculice el cambio y anule la capacidad de ser uno mismo y, como conjunto organizado, protagonistas activos en la construcción institucional.

El aprendizaje es siempre un cambio de conducta, y es verdadero, como auténtico aprendizaje, en un clima de libertad para participar, organizarse y expresarse con la palabra y la acción. Desde esta mirada señalamos la relevancia estratégica del Decreto 2299/11 puesto que promueve la organización de los distintos sectores de la comunidad para que puedan crecer y desarrollarse según su propia identidad, y esto, sin dudas, genera un juego de poderes. En el caso escolar, que es el que nos ocupa, el poder cultural-institucional e interinstitucional es el determinante.

En la medida en que los docentes tomemos conciencia de que la educación y el aprendizaje son un hecho político y una lucha por el poder cultural, vamos a estar más preocupados por organizarnos y definir el proyecto en el que queremos estar.

Para nuestra organización sindical “el docente es el centro de nuestro pensamiento y de nuestra acción” –expresión común de nuestro Secretario General Nacional, compañero Mario Almirón–. Estamos convencidos de que la “calidad” tan mentada será más una realidad y no una mera declaración de principios según tengamos más afiliados y delegados sindicales –insistencia permanente de nuestro Secretario General bonaerense, el compañero Juan Carlos Cuyás–; de esta manera la escuela tendrá un equipo de docentes con voluntad de construcción colectiva. La evaluación institucional participativa es una decisión política en donde el aprendizaje será posible, o no, si se ponen en práctica los valores democráticos y la capacidad de decidir libremente.

En el curso del año 2013 se produjeron en nuestra organización dos hechos de trascendencia: luego de largos años de lucha sindical, logramos firmar, en la Comisión Negociadora Nacional de la Educación Privada, dos Actas Acuerdos que confirman a SADOP como sujeto protagónico de su destino. Esto nos debe animar para que en cada institución educativa privada cultivemos el diálogo en el marco de la Ley 23.551 (8). Hay que crear un clima armonioso y canalizar los conflictos en el marco de las normativas vigentes y con voluntad de practicar la justicia y la solidaridad para todos. Con este ánimo nos recuerda nuestro Secretario General Mario Almirón que “se ratificó también la misión principal de la CONEP (Comisión Negociadora de la Educación Privada): 'acordar pautas  generales (...) de la  relación jurídica laboral existente  entre  los  docentes  y  los  establecimientos educativos  de  gestión privada'. En el Acta Acuerdo, las partes  revalorizaron 'la cultura  del encuentro' y la posibilidad de 'acordar soluciones a sus conflictos resguardando de manera equitativa los derechos de todos'."

Una institución educativa privada de calidad es una construcción de todos y entre todos, y podemos decir que hoy SADOP está más cerca de alcanzarla porque hemos sido reconocidos en la firma de los acuerdos alcanzados. Ahora, y con este respaldo, hay que practicar la organización de los docentes privados en cada uno de los lugares de trabajo. Si los compañeros docentes están bien pagos, si todos están registrados, si se respetan sus derechos laborales y sus condiciones de trabajo son justas, entonces la calidad de la educación en la escuela privada podrá estar más cerca de transformarse en realidad.