Por Lic. Zaida Gatti

Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, MJyDHN

Las organizaciones criminales

Siempre que hablamos de Trata de Personas estamos refiriéndonos a organizaciones que se dedican al crimen organizado, cuyas consecuencias son graves para la seguridad, bienestar y los derechos humanos de las víctimas.

Dicha actividad delictiva genera un alto rendimiento económico y conlleva bajo riesgo de sanción. El bajo riesgo de condena que la Trata de Personas representa para los criminales nos permite comprender más fácilmente por qué parte del crimen organizado está girando su foco de actuación de las drogas y las armas hacia el comercio de seres humanos, o sumando esta modalidad delictiva a la que ya realizaban, disputando el segundo puesto entre los delitos de crimen organizado (como el tráfico de armas y el narcotráfico), según datos proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Para un desarrollo exitoso, estos grupos organizados necesitan la concurrencia simultánea de múltiples factores: zonas de extrema pobreza de una región, desigualdad de oportunidades, migración por motivos económicos y sociales, discriminación por género, falta de acceso a la educación, a la salud y a la justicia, entre otros.

Sin embargo, existen otras variables de las que estas organizaciones se valen, como la falta de concientización, sensibilización e información sobre la problemática por parte de la sociedad en general, y la insuficiente capacitación de los organismos con capacidad de juzgar a los responsables por la comisión del delito sin criminalizar a las víctimas, entre las más destacables. Las víctimas provienen, en su gran mayoría, de provincias o ciudades que presentan grandes dificultades económicas. Esta situación las transforma en seres muy vulnerables, con escasas oportunidades en el mercado laboral.

De este modo, quedan instaladas algunas de las condiciones favorables para la Trata de Personas. La condición económica es uno de los factores que torna más vulnerables a las víctimas, pero hay otros. Aún en estratos sociales donde la pobreza no es un factor de vulnerabilidad también nos encontramos con adolescentes captadas por estas redes mafiosas. El método de captación que se utiliza es otro, como por ejemplo, ofrecerles la oportunidad de convertirse en modelos famosas o aparecer en tapas de revista. El nivel de vulnerabilidad de estas adolescentes podríamos ubicarlo en el plano de la falta de contención familiar; frecuentemente son casos de violencia familiar, hasta el punto de que, en ocasiones, son las propias familias quienes expulsan a sus hijas o hijos del hogar convirtiéndolos en un blanco perfecto para el engaño.

Teniendo en cuenta las políticas que el Estado argentino lleva adelante, devolviéndole su lugar a la condición de víctima, nos encontramos ante la necesidad de contar con una justicia más democrática, por lo que se torna indispensable reflexionar acerca del concepto de justicia: las víctimas y la sociedad en su conjunto necesitan tanto una justicia democrática, como una justicia no-patriarcal.[i]

Los organismos encargados de juzgar y condenar a los responsables por la comisión de un delito deben estar plenamente capacitados sobre las características propias del delito a juzgar. En el caso de la Trata de Personas, no solo resulta fundamental el conocimiento teórico, sino muy especialmente la sensibilización de los magistrados. Quien juzga un delito de estas características no puede encontrarse ajeno a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas.

Puesto que aún se mantienen ciertas prácticas masculino-dominantes es que un juicio sobre Trata de Personas con un fallo escandaloso (Caso Marita Verón) dejó al descubierto situaciones que ya se advertían en diversos casos sobre Trata o Explotación de Personas. Cuando se focaliza el debate en torno a la vida íntima de una víctima, produciendo un claro proceso de revictimización en vez de direccionarlo hacia la comisión del delito que se está juzgando, estamos ante la presencia de “una justicia que le da la espalda a la sociedad”,[ii] y que sostiene y perpetúa desigualdades sociales, ya que las víctimas son consideradas de un estrato social inferior no sólo en relación a los victimarios, sino especialmente en relación a los encargados de sentenciar y condenar a los responsables. No se les brinda, en la mayoría de los casos, las garantías necesarias, y no se respetan los derechos de las víctimas.

Muchas de estas cuestiones permanecían inadvertidas y posibilitaron el afianzamiento en la oscuridad de estas prácticas aberrantes, que incrementan sus ganancias a merced del uso y abuso de personas. Por esta y muchas otras razones, hoy la Trata de Personas es considerada la “esclavitud del siglo XXI”. La Trata de Personas es un delito de carácter trasnacional, no porque ocurra fuera de las fronteras de un país, sino porque ocurre en casi todos los países del mundo.

La República Argentina cuenta con altos porcentajes de Trata Interna, un “negocio” que se encuentra sustentado por tres ideas básicas:

• En Argentina existen zonas que funcionan como focos de origen, que presentan enorme cantidad de víctimas potenciales.

• El mercado sexual se encuentra en aumento permanente, y está sostenido por la demanda infinita de los “servicios” que prestan las víctimas.

• Las organizaciones delictivas mantienen el control sobre la situación y cuentan con grandes sumas de dinero que les permiten moverse en forma constante, trasladando a las víctimas por diversos lugares de explotación a lo largo de todo el territorio nacional (burdeles, whiskerías, bares, casas de masajes, etc.).

Pero así como puede afirmarse que una de las principales causas de la Trata es que las víctimas frecuentemente proceden de clases económicas desfavorecidas, otra de las raíces del problema, que no podemos dejar de visualizar, es la demanda, o sea el cliente o usuario. Recordamos que: sin clientes no hay trata.

Haciendo exclusiva referencia a la Trata de Personas con fines de explotación sexual, cabe destacar que esta modalidad delictiva se encuentra muy naturalizada bajo la premisa de que “la prostitución es el oficio más antiguo del mundo”, volviendo invisible el hecho de que las mujeres en dicha situación no sólo se hallan expuestas a un sinnúmero de violencias (psicológica, física, sexual, económica), sino que las relaciones que se establecen entre dichas mujeres con proxenetas y clientes siempre son en un marco de desigualdad, de asimetría de poderes. Tanto proxenetas como clientes consideran a las víctimas como objetos de su propiedad, a quienes han comprado y/o alquilado. Tal aseveración se encuentra sustentada en los relatos que diariamente se escuchan de mujeres en esta situación, en los que se repiten relatos como el siguiente: “El cliente entró y me dijo que debía hacer todo lo que él me ordenaba y si me negaba llamaba al encargado, me ordenó que no hablara y me limitara a hacer mi trabajo, que para eso estaba y él había pagado. A mí me daba asco estar con ese hombre sucio y alcoholizado, pero no me quedaba otra, porque el castigo que luego sufriría por parte del dueño iba a ser peor, así que intenté hacer que mi mente volara, pensaba en mis hijos y en el momento en que este infierno acabaría”.

En el circuito de oferta y demanda, quien es prostituida no obtiene ninguna ganancia. Las prácticas sexistas son llevadas a su límite porque el supuesto intercambio jamás es equitativo: lejos de ser un acuerdo entre pares, las mujeres son ubicadas en un lugar de subordinación y son despojadas tanto de su poder de decisión como de su autonomía. Los clientes creen contar con derecho de propiedad.

Esto se debe a que, por un lado, cultural e históricamente se sostiene que los hombres tienen necesidades o impulsos sexuales irrefrenables[iii], es decir, que no pueden dejar de satisfacer. Por otro lado, el consumo de prostitución se constituye como una normativa patriarcal, y garantiza el reconocimiento de virilidad y masculinidad entre hombres. De este modo se pretende eximir de todo tipo de responsabilidad al cliente.

Sin embargo, al pagar por consumir prostitución, el cliente se convierte en un actor principal dentro de un circuito de explotadores, fomentando el crecimiento de las organizaciones que lucran con la explotación de seres humanos. Señalar al cliente, hacerlo visible, implica develar y cuestionar prácticas sexistas, así como la existencia y naturalización de relaciones sociales de dominación, pero también es necesario denunciar todos los eslabones fundamentales que tiene el circuito de explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Debe comprenderse que el cliente es cómplice del proxeneta o rufián.

Asimismo, desde el punto de vista de la lucha contra la Trata, hay un factor de vital importancia que agrava los problemas a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad y los equipos de asistencia a víctimas: hablamos de la naturaleza de las víctimas, las que presentan un comportamiento totalmente diferente al de una víctima de cualquier otro tipo de delito. En principio, porque muchas de estas víctimas no se reconocen como tales.

Además, por lo general, la víctima de cualquier tipo de delito se muestra dispuesta a cooperar con las fuerzas de seguridad para intentar esclarecer los hechos. En el caso de las víctimas de Trata, por el contrario, y debido a las amenazas recibidas contra su persona o sus familiares, la cooperación se torna más dificultosa.

Los tratantes consideran a sus víctimas como mercancías que deben captar, reclutar, transportar, trasladar y explotar para que les generen mayor ganancia. Pueden utilizar diferentes modus operandi, cambiar de itinerarios, emplear diferentes identidades, utilizando una variedad de tácticas para obtener provecho máximo del negocio y no ser detenidos. Sin embargo, para que el negocio resulte rentable, es necesario mostrar el producto. En este caso, el producto que se vende son las víctimas obligadas a ejercer la prostitución –en el caso de Trata con fines de explotación sexual–.

Ejemplo de ello son los avisos clasificados publicados en diferentes medios de comunicación –gráficos, televisivos e Internet–, en donde se publicita a las víctimas como “Nuevitas, recién llegadas, renovación de staff”, brindando direcciones o números de teléfono para contacto[iv]. Estos medios, generalmente, cuentan con la mayor demanda del servicio que prestan las víctimas, son también lugares de destino y explotación, y están ubicados en grandes ciudades como provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz y Mendoza, entre otros.

Metodología de intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata

Luego de la sanción de la ley 26.364 se creó, en el mes de agosto de 2008, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (resolución MJSyDH N° 2149/08) en el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Cabe destacar que, con fecha 4 de mayo de 2012, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmó la resolución MJyDH N° 731/12, por la cual se derogó la resolución MJSyDH N° 2149/08, creando el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal. Este Programa Nacional es continuador de la ex Oficina de Rescate.

El objetivo primordial del Programa Nacional de Rescate consiste en el acompañamiento y asistencia psicológica, social, médica y jurídica a las víctimas, desde el momento del rescate en los lugares de explotación hasta el momento de la declaración testimonial. Está integrado por un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, médicos, abogados y personal policial especializado (exclusivo de este Programa Nacional), quienes brindan asistencia y seguridad a las víctimas hasta que culmina la competencia del Programa. Otro de sus objetivos fundamentales consiste en llevar adelante tareas de prevención, que consisten en el diseño de campañas de concientización, sensibilización y dictado de capacitaciones para diversos actores en todo el territorio de la República Argentina.

Cabe destacar que el equipo interdisciplinario se encuentra especializado en la temática de Trata de Personas, identificación y asistencia a las víctimas, trabajando desde una perspectiva de género y derechos humanos. El Programa Nacional trabaja de manera conjunta con fuerzas de seguridad federales especializadas en la prevención y lucha contra la Trata de Personas, creadas en el año 2008 en el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, actualmente dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El equipo de psicólogas, trabajadoras sociales y personal policial especializado interviene en el allanamiento que realiza una fuerza de seguridad por mandato judicial. El objetivo principal de la presencia de psicólogas y trabajadoras sociales radica en la necesidad de ser quienes tomen contacto con la víctima en primer lugar. Mientras se desarrolla el operativo las profesionales mantienen entrevistas individuales y confidenciales con las víctimas para luego trasladarlas a una Casa Refugio exclusiva para víctimas de Trata que este programa posee, donde se les brinda asistencia, acompañamiento y protección.

Ahora bien, como fuera referido precedentemente, también son tareas de este Programa dictar jornadas de difusión, capacitación y sensibilización. Estas jornadas están destinadas a los agentes y funcionarios nacionales involucrados en la investigación del delito, asistencia y acompañamiento a víctimas, como así también a la sociedad civil. En este sentido, se han capacitado, desde el año 2008 a la fecha, un total de 4602 personas.

Como se mencionó anteriormente, la Trata de Personas es un delito denominado de crimen organizado transnacional, por ello la participación y trabajo mancomunado con los países que integran las distintas organizaciones internacionales es fundamental.

De esta manera, el Programa Nacional participa activamente en las conferencias sobre Trata de Personas celebradas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y forma parte del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la Trata de Personas, creado por decisión 4/2008 de la UNODC. Asimismo, el Programa Nacional participa en reuniones con países de la región, especialmente los que conforman el Mercosur; se diseñan campañas informativas masivas dirigidas a concientizar a la sociedad en la prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas y el modo de denunciarlo.

En el ámbito de este Programa funciona una línea telefónica nacional y gratuita de tres dígitos: 145. Esta línea tiene como objetivo recibir denuncias de hechos con apariencia delictual del delito de Trata y Explotación de Personas, las 24 horas del día los 365 días del año. Quienes atienden estos llamados son profesionales especializadas en la temática y las denuncias pueden realizarse de manera anónima.

Se llevan adelante acciones de sensibilización, a través de programas educacionales e iniciativas focalizadas en la capacitación y concientización de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, en el año 2011 se firmó un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Nación para incorporar un módulo pedagógico sobre la Trata de Personas en la currícula de nivel inicial y secundario. Dicha tarea se está llevando a cabo a partir de la incorporación del mencionado módulo en el software desarrollado para el Programa Conectar Igualdad.

Se han inaugurado Oficinas Regionales en puntos estratégicos del territorio nacional, que permiten abordar la problemática de forma más inmediata y eficaz. Actualmente, funcionan Oficinas en las Provincias de Chaco y Santa Fe, y se proyectan nuevas oficinas en diferentes puntos del país. Todas ellas bajo la coordinación de este Programa Nacional.