Por Horacio Ghilini
En el origen de los imperios el tributo representaba lo que el vencido pagaba al vencedor en reconocimiento de su dominio. Con la misma lógica, en la modernidad podemos caracterizar vencidos y vencedores observando las estructuras tributarias: si se basan en impuestos al consumo los vencedores son los ricos; si se basan en impuestos sobre la riqueza los vencedores son los pobres.
Esta visión política de la tributación explica crudamente la resistencia a pagar ya que nadie acepta ser vencido. Lo importante es caracterizar un límite para separar quienes pagan y quiénes no. Un gobierno popular debe tratar de cobrar impuestos a los más poderosos, venciendo su resistencia a pagar a través del incremento del riesgo de sanción. En consecuencia, el conflicto con los que más tienen se vuelve inevitable.
En ese contexto, si el límite mínimo del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría queda retrasado respecto de la inflación, afectando así los salarios reales de los trabajadores de ingresos medios, puede ser considerado un ejemplo de un tributo focalizado mayoritariamente en la clase media (donde se encuentra gran parte de los trabajadores formales que ocupan cargos medios) que luego es redistribuido en los sectores populares a través del gasto público. Sin embargo, la contradicción principal pasa por combatir la desigualdad social entre ricos y pobres, no entre la clase media trabajadora y el pobre.
No debemos olvidar que cobrar impuestos a los más ricos no sólo es equitativo, sino importante para la continuidad del proyecto político. El trabajador de ingresos medios gasta sus excedentes consumiendo en el mercado interno. Las grandes corporaciones y sus accionistas se llevan el excedente financiero al exterior para resguardarlo en paraísos fiscales y, a partir de allí, ejercen el lobby devaluatorio con el que buscan ganar en pesos mucho más dinero que lo que hubieran ganado invirtiendo en producción y empleo.
Para cubrir todo el espectro, es importante hacer la salvedad de que existen actualmente “asalariados” que por sus puestos de gerencia o dirección tienen ingresos de clase alta; algo impensado en 1933 cuando fue creado el impuesto a los réditos en la Argentina. En aquella época, los montos marcaban una diferencia tajante entre los salarios y las ganancias originadas en la propiedad del capital, fuesen del pasado, presente o futuro. Hoy en día los directivos de las grandes corporaciones, aunque cobren bonificaciones en acciones convertibles, son considerados asalariados en la cuarta categoría de ganancias. Esos asalariados de sueldos elevados tienen que pagar impuestos sobre los ingresos laborales que reciben y eso no está en discusión.
Pero lo anterior no debe hacernos perder de vista que para que la política tributaria sea virtuosa para los trabajadores, no solo debe recaudar sino que debe contribuir al crecimiento del empleo y a la estabilidad financiera. En este sentido, queda pendiente una reforma tributaria que capture en forma efectiva las manifestaciones reales de la riqueza que se fuga todos los años al exterior en forma de inversiones de corto plazo en el extranjero. Los ejemplos en este sentido van desde las remisiones especulativa de utilidades, los sobre giro por préstamos con casas matrices, las inversiones de cartera de corto plazo, la tenencias especulativa de dólares, hasta el impuesto a la herencia a partir de un cierto monto. Gravamen que fue eliminado por Martínez de Hoz a cambio de subir el IVA en una clara demostración del poder de los vencedores del golpe. Nos queda entonces el desafío de crear los impuestos necesarios para capturar estas rentas y desviarlas al desarrollo del mercado interno para aliviar impositivamente a los que sólo tienen futuro dentro del proyecto nacional y popular, que son básicamente los trabajadores, las PYMES, las cooperativas y las empresas públicas.
En definitiva, la discusión sobre ganancias no está puesta sobre la direccionalidad del gasto y el fortalecimiento de la ANSES, algo indiscutido para el futuro de la clase obrera activa y pasiva, sino sobre los afectados en la recaudación. Es indiscutible que este proyecto político tiene una firme voluntad redistributiva con preferencia por los sectores más vulnerables y esto no debe estar en juego, como quiere la derecha. De lo que se trata es de comprender que si la mayor contribución relativa está en el IVA y Ganancias que pagan mayoritariamente los trabajadores, el mensaje político es “no nos animamos a ir por las ganancias de las multinacionales y de los capitales concentrados”, que acumulan riquezas extraordinarias y, al final, optamos por los más débiles. Esta lógica tributaria afecta la “alianza estratégica” constitutiva del proyecto, como se vio en las últimas elecciones y no construye el poder político popular necesario para una reforma tributaria progresiva.
