Por Martín Lucero

Secretario General SADOP Rosario

Consejo Directivo Nacional

Preguntas, preconceptos, prejuicios. La cotidianeidad de la vida del docente privado es cruzada por opiniones y acciones que traslucen desconocimiento de amplios sectores de la sociedad sobre la realidad de la Educación Pública de Gestión Privada, y lo que es peor aún, también de autoridades estatales en distintos niveles. En ese camino podemos encontrarnos con posturas que van desde la estatización total del sistema educativo a miradas neoliberales que pregonan la libre empresa: la educación privada sigue siendo prisionera de posturas ideologizadas que no reflejan la práctica habitual del sector ni aportan soluciones viables a sus necesidades; ese es el camino que intentamos desandar desde las páginas de “Docentes Privados, Desafíos Particulares”.

La idea de sistematizar en un libro algunas ideas y tomar postura frente a algunos problemas se enmarca en el convencimiento de que el progreso de los trabajadores no surge desde vanguardias iluminadas, sino desde una firme convicción que se forja en el trabajo cotidiano. Para ello hemos decidido alejarnos de los ideologismos (sean “patronales”, “estatales” o de otros actores del sistema educativo) y plantear discusiones que permitan expresar las aspiraciones que tiene el colectivo de la docencia privada tanto en lo referente al desarrollo de su profesión como al progreso futuro de toda la Educación Privada.

Desafíos Particulares

Para dar cuenta de los preconceptos y prejuicios en torno a la educación de gestión privada basta una muestra que afloró en las luchas recientes llevadas adelante por todos los docentes del país en el marco del debate salarial de la Paritaria Federal. Como nunca los programas televisivos (desde los informativos a los de espectáculos) poblaron sus horas hablando del conflicto docente. En los debates se escucharon voces de todos los sectores desde los que se habló sin pudores de la “mejor situación laboral del docente privado”, “el cobro de sobresueldos” o “los horarios diferenciales”, por citar solo algunos ejemplos. También se pretendió descalificar a diversos funcionarios por “mandar sus hijos a una escuela privada” como si tal situación se tratase de un agravio o insulto. También tuvimos la posibilidad de volver a escuchar el reiterado latiguillo que “habría que sacarle los subsidios a la escuela privada para dárselos a la educación pública”. Todo este conjunto de generalizaciones o deformaciones de la realidad solo tenían por efecto caer en el lugar común de estigmatizar a la educación de gestión privada para sostener un discurso “políticamente correcto”.

Sin dudas estas caracterizaciones sociales tienen su correlato (y a veces hasta su origen) en las concepciones ideológicas que sostienen, desde hace años, algunas corrientes de pensamiento que existen dentro de quienes gestionan la “educación privada”.  Desde el liberalismo más clásico donde el Estado no puede ni debe inmiscuirse en la gestión y solo debe garantizar “derechos” tales como el aporte estatal, hasta las versiones más mercantilistas que ponen todo el sistema educativo en términos de oferta y demanda. En este esquema, el rechazo al “Estado”, y por ende la intervención en la gestión privada en defensa del interés público, ha sido caldo de cultivo para posturas negacionistas o detractoras de las escuelas particulares.

Pero este tipo de manifestaciones no tendrían mayores efectos si no fueran la base desde donde muchas veces se toman decisiones sobre políticas públicas. En efecto, pensar que la situación económica de todos los alumnos que concurren a establecimientos de gestión privada es holgada (lo que implica dar por descontado que todas las escuelas cobran cuotas y que las familias las pagan) es un error que no admite el más elemental análisis en concreto. Sin embargo es una de las causas por la cuales miles de niños no perciben la totalidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), o el caso de miles de alumnos y docentes discriminados en el Plan Conectar Igualdad al no recibir las netbooks a las que sí acceden todos los que se desempeñan en la educación de gestión oficial sin distinguir clases ni sectores sociales. En el mismo sentido podemos mencionar el Plan Progresar que circunscribe sus acciones a adolescentes que sigan sus “estudios de cualquier nivel educativo y que estén inscriptos o asistan a instituciones educativas de gestión estatal, o acreditadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”, desconociendo el valioso aporte que podrían realizar establecimientos de gestión privada en lugares donde, por ejemplo, son la única oferta educativa.

Educar por vocación, luchar por convicción

Ante estas tensiones es importante que demos el debate. “Docentes Privados, Desafíos Particulares” nace del compromiso de nuestro rol de docentes privados y actores esenciales e insustituibles de la educación privada. En esta obra expresamos nuestra visión de la realidad, e invitamos a continuar el debate y manifestar nuestras expectativas para aportar posibles soluciones sobre la problemática que se da en las escuelas.

Todos los progresos que se vienen dando en materia gremial (la paritaria típica, por ejemplo) tienen como antecedente un debate ideológico que sentó las posturas del sector docente y las cristalizó a través de la acción de SADOP: asumirnos como trabajadores ante las teorías “profesionalistas” que negaban tal condición –y con ello los deberes emergentes de la relación laboral–, la militancia en el movimiento obrero, el apoyo a los proyectos políticos que fomentan la inclusión y la mejora en la condiciones de trabajo, la adhesión a un modelo de desarrollo regional ligado a las naciones con las que compartimos intereses y necesidades, son posicionamientos ideológicos que la lucha ha convertido en hechos y, fundamentalmente, en derechos.

Los docentes, como titulares del derecho constitucional de enseñar y tutelados dentro del derecho a la libertad de enseñanza (que nos debe garantizar posibilidades concretas de ejercicio en la actividad privada), debemos asumir el desafío de plantear los debates que sostendrán los derechos laborales del mañana.

Es por ello que para cerrar estas líneas compartimos una breve sistematización de los consensos que estimamos necesarios para avanzar hacia una Educación Privada inclusiva, alejada de preconceptos lesivos para con los derechos y formulados desde una visión popular del sistema educativo. El desafío será convertir las palabras en derechos.

Consensos para una Educación de Gestión Privada en Clave de Inclusión

1. La Libertad de Enseñanza como Derecho de Todos: Familias, instituciones, alumnos y docentes deben poder ejercer con plenitud el derecho a elegir la formación que desean recibir o impartir, sin interpretaciones que deriven reducciones, exclusiones o negativas respecto del derecho de enseñar y aprender.

2. La Educación como Bien Público fuera del Comercio: Descartar cualquier concepción mercantilista de la educación que permita inferir de manera actual o potencial que quienes tienen más posibilidades económicas o materiales tienen mejor derecho a una educación integral. El factor económico no debe entenderse como excluyente para el acceso a  la gestión privada.

3. La Educación de Gestión Privada Administrada en función del Bien Común: La educación es un bien público, por tanto, quienes están vinculados a su gestión no pueden atender a sus intereses privados o sectoriales en desmedro del interés general.

4. El Estado como Garante del Derecho de Enseñar y Aprender: Cumpliendo con la función de garantizar el acceso a la educación, el Estado no puede desentenderse de la gestión privada, teniendo un rol protagónico e indelegable en su gobierno y control.

5. El Aporte Estatal entendido como una Herramienta de Inclusión: Ya que es un esfuerzo económico colectivo dispuesto en función de garantizar la libertad de enseñanza para las familias, las instituciones y los docentes no puede entenderse como un privilegio o como un derecho absoluto, ni administrarse en sentido contrario al bien común.

6. El Financiamiento de la Educación de Gestión Privada como Garantía de Acceso a la Igualdad de Oportunidades: El aporte del Estado no es una dádiva ni una liberalidad del gobierno de turno. Es una obligación del Estado para garantizar el acceso a la educación, por ello debe entenderse como una inversión permanente acompañando el crecimiento en cargos, horas y demás requerimientos para atender a la tarea educativa.

7. El Fortalecimiento de la Unidad del Sistema Educativo como Política de Equidad: La Educación de Gestión Privada no es ni debe ser una isla o un gueto. Se debe garantizar como mínimo la plena aplicación de los planes de estudios y contenidos dispuestos para la gestión oficial sin censuras ni sesgos que impidan el acceso a una educación integral que incluya, siendo respetuosa de la diversidad, el pluralismo democrático y el respeto de los derechos humanos.

8. Incorporación de la Educación de Gestión Privada en Todas las Políticas de Fomento de la Inclusión Social: El Estado no debe discriminar la incorporación a planes sociales, programas de acceso a herramientas culturales o tecnológicas o cualquier tipo de política compensatoria de equidad en función de la pertenencia a un establecimiento educativo de gestión privada, atendiendo a la necesidades concretas de los ciudadanos sin sesgos prejuiciosos o generalizaciones injustas.

9. Pleno Respeto por Todos los Derechos Laborales e Impulso a la Carrera Docente: El docente privado es sujeto de derechos y un actor insustituible del sistema. Es por ello que se deben erradicar todo tipo de prácticas que afecten su desempeño laboral y profesional. Para ello es necesaria la erradicación de toda situación de precarización en el sistema, ya sea a través del trabajo en negro, las contrataciones “basura”, el fraude a leyes laboral o convenios, y el garantizar su estabilidad laboral. También se debe asegurar la posibilidad de desarrollo en su trabajo fortaleciendo sus posibilidades de progreso y ascenso a través de un sistema que asegure la adecuada formación profesional, el respeto de los antecedentes y priorice el mérito sobre la discrecionalidad del empleador.

10. Promoción de la Negociación Colectiva Permanente del Sector: El permanente y constante cambio de la realidad social impacta fuertemente en la actividad educativa y por tanto en los docentes. Es por eso que la regulación de la actividad docente requiere de la paritaria como herramienta dinámica que atienda a las demandas que emergen de la profesión y el trabajo en las escuelas.