Por María José Castells

Suplemento Trabajo y Economía.

El rechazo de un amplio segmento del espectro empresarial y de buena parte de la oposición parlamentaria al proyecto oficial que modifica la actual ley de Abastecimiento,  puso al descubierto las modalidades empresariales, de dudosa legalidad,  y el verdadero pensamiento de algunos políticos.

El paquete de medidas enviado por el ejecutivo al Congreso propone la defensa de los usuarios ante abusos de sectores concentrados de la economía que perpetran gracias al uso de posiciones dominantes. La iniciativa contempla tres proyectos de ley, dos de los cuales no generaron mayores objeciones. Uno es la creación de un nuevo fuero judicial que regulará la relación entre empresas y consumidores y el otro es la instrumentación de un Observatorio de Precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios. El tercero, que busca modificar la actual ley de Abastecimiento, es el que causó más resistencias y críticas.

LA LEY. En efecto, se trata más bien de una ratificación de la ley 20.680 de Abastecimiento que de una modificación. El proyecto de ley no supone cambios drásticos en las facultades regulatorias del Estado con respecto a la actual normativa, pero sí legitima la letra escrita que pese a haber sido ratificada por la Justicia, sigue siendo muy discutida y por lo tanto poco efectiva. La ley vigente fue sancionada en junio de 1974 y estuvo suspendida por decreto entre 1991 y 1999, cuando se realizó una declaración general de emergencia de abastecimiento. Esa derogación siempre fue motivo de disputas en la Justicia. Algunos abogados interpretan que la ley está vigente y otros dicen que no. Por eso el nuevo proyecto es una “reforma modificatoria” porque lo que hace es repetir la ley actual con algunas modificaciones.
Los cambios son dos. Se  eliminan las penas privativas de la libertad por violar la ley, lo que debería ser motivo de festejo por parte de los empresarios y se establece el pago previo  de multas. Actualmente, los procedimientos de apelación vigentes demoran el pago de las multas por parte de los empresarios hasta un promedio de 6 años a nivel nacional y 3 años y medio en la Ciudad de Buenos Aires, siendo casi inexistentes las ratificaciones de esas multas. Pareciera que la herramienta de apelación es más un artilugio para demorar el pago de las multas que un uso honesto del cuestionamiento a la validez de la sanción.

MANO INVISIBLE. Pero lo que realmente pareciera que molesta es la intervención del Estado. En cuanto aparece el Estado, los empresarios y liberales ponen el grito en el cielo. El proyecto de ley apunta justamente a fortalecer la capacidad del Estado para proteger a los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo, tanto a los consumidores como a los pequeños productores, entrampados muchas veces por sus proveedores y compradores con mayor poder de mercado. Pese a ser un mucho más benigna en términos punitivos respecto de la actual ley de abastecimiento, el principal rechazo de los “hombres de negocios” y de la dirigencia política opositora radica en que el Estado podrá estar mucho más activo lo que le permitirá utilizar una serie de instrumentos con los que ya cuenta, pero que son poco usados.
El socialista Hermes Binner dijo estar convencido de que el Gobierno se equivoca porque “la regulación de la producción, el comercio y los precios no debe quedar en manos estatales” y casi como una reproducción de un manual liberal de economía aseguró creer en la mano invisible del mercado. Para los consumidores y pequeños productores, la mano invisible no tiene nada de invisible, salvo para quien no la quiere ver. La mano es bien concreta: son las grandes corporaciones que maximizan ganancias abusando de su posición dominante sobre el resto de los actores.

Ante una economía concentrada como la argentina, la sociedad necesita herramientas para regularla similares a las existentes en países como Francia, Alemania y el mismísimo Estados Unidos.