La inflación es una y varias sus causas. En los últimos años fue el resultado de la puja entre trabajadores y empresarios: los primeros para mejorar su salario real, los segundos para mantener intacto su margen de ganancia. La suba nominal de  precios y salarios fue el resultado de la discusión sobre cómo se distribuía el ingreso de los trabajadores manteniendo un nivel alto de empleo.

Así fue hasta que en el año corriente reapareció un tipo de inflación más preocupante, no por sus niveles sino por su origen: la inflación cambiaria. El desajuste no beneficia a ninguno de los actores mencionados,  ya que la industria depende de importaciones que suben su valor con el mismo tipo de cambio; si la opción frente a la pérdida de rentabilidad es trasladar con subas mayores el alza de los costos dolarizados, solo se resentirá la demanda doméstica, que termina impactando nuevamente sobre la rentabilidad.

Si existe un sector en la economía argentina al cual la suba del tipo de cambio sólo le significa ganancias ya que su nivel de costos importados es bajo y el mercado doméstico representa un estorbo para sus exportaciones, es el sector agroexportador sojero. Que este sector hoy retenga el 40% de su cosecha, en un contexto de caída del precio internacional del grano y de pérdidas millonarias por eso, sólo encuentra una explicación: presionar sobre el tipo de cambio con la intención de incrementar sus ganancias por esta vía a costa de lo que implica para el resto de los actores. Es la vuelta de la inflación cambiaria y la consecuente destrucción de la capacidad de compra del salario.

Desde la aceleración de la inflación en enero, el gobierno nacional implementó una serie de medidas mediante acuerdos sectoriales de precios y nuevos planes de estímulo a la demanda como el Progresar, que sumadas a la estabilidad cambiaria obtenida produjeron una desaceleración de la suba de precios de manera drástica. Ello sumado a las paritarias acordadas durante el año, que lograron recomponer los salarios de los trabajadores. En detalle, hasta agosto los precios habían acumulado una suba del 18,5% (15% en alimentos), mientras en el mismo período el índice general de salarios acumuló un 26%. Las paritarias cerraron este año con un aumento promedio del 30%. La UOM cerró con el 29,6 %, los docentes con un promedio del 31 %, estaciones de servicio 36%, trabajadores de subte y premetro 30 %, UTA 28 %, gastronómicos 35 %, y bancarios con el 29%; por mencionar algunos de los acuerdos salariales logrados. Si el gobierno cumple con la meta del presupuesto 2015 que prevé que el IPCNu llegue al 21,3% anual en diciembre, será otro año a favor de los trabajadores.

Junto con la intervención estatal concreta en favor de los trabajadores,  adquirió trascendencia el debate en la sociedad en torno a quiénes son los formadores de precios, conocimiento estimulado por el tratamiento parlamentario de la Ley de Regulación de Producción y Consumo promulgada el 19 de septiembre  por el Gobierno nacional. La ley defiende al consumidor de maniobras especulativas y crea el Observatorio de precios y el Fuero de defensa al consumidor. Acompañando ese paquete de medidas, el gobierno lanzó una nueva etapa del programa Precios Cuidados con la incorporación de 62 productos nuevos que ingresaron con un precio 9% menor que los similares en góndola. Esa canasta regirá durante el último trimestre del año y acumulará un aumento del 11,9%, que está muy por debajo del índice general de precios mencionado. La  nueva etapa de Precios Cuidados amplía el acceso a productos de consumo masivo de los hogares con menores recursos y fortalece al programa en un momento de presión devaluatoria . El éxito de la política de precios se debe mayormente a la demanda de los consumidores, quienes la han hecho propia en defensa de sus ingresos. El sostenimiento del consumo motivó la decisión de muchas empresas de ingresar con sus canastas al Programa que, a diferencia de los controles de precios anteriores, está basado en adhesiones voluntarias.  La política de precios presenta dos aristas: el Estado a través de Precios Cuidados y de las leyes recientemente aprobadas,  analiza toda la cadena de valor para asegurar un precio justo, donde nadie se lleva lo que no corresponde. La sociedad, a su vez, va incrementando el grado de concientización sobre la formación de precios y en relación con lo que se debe pagar por los productos que consume.

Por:  Facundo Veronelli* y Julián Otero
Integrantes del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENAP)

Fuente: Tiempo Argentino, Suplemento Trabajo y Economía