Por Secretaría de Derechos Humanos SADOP Nación 

El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Se trata de un término político que denuncia la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, y actualmente incorporado al diccionario por la Real Academia Española gracias a la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde.

En Argentina, en marzo del año 2009 se sancionó la Ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Una ley que consagra un gran cúmulo de derechos que protegen a la mujer contra la violencia de género.

Los debates en torno al femicidio y la violencia de género han cobrado vigor en la esfera pública, tanto en Argentina como en otros países de América Latina. En el caso argentino, el término ha adquirido cierta relevancia debido en parte a la reciente escalada de casos que culminaron con el asesinato de mujeres a manos de una figura masculina -la pareja de la víctima, en la mayoría de los hechos- y a la cobertura que se vieron obligados a realizar los medios de comunicación al incorporar en su agenda la temática, aunque las más de las veces impregnada en sus crónicas por una dinámica que termina atribuyendo el femicidio como “crimen pasional”, realizando una lectura ambigua y paradójica de lo que se conforma llanamente como el asesinato de una mujer.

De allí que el concepto femicidio se ha construido para nombrar correctamente la especificidad de un crimen. Es parte de un contexto de discriminación contra la mujer porque ocurre cuando el agresor intenta menoscabar los derechos y las libertades de la mujer, atacándola en el momento en que pierde la sensación de dominio sobre ella. Las afirmaciones vertidas por los agresores muestran claramente que existe una pretensión de autoridad y dominio sobre las decisiones de las mujeres y sobre sus vidas; dicha autoridad, al verse contravenida, genera una reacción violenta en su intención de autoafirmarse. Por lo tanto, resulta un caso de violación permanente a los derechos humanos de un grupo poblacional y social, las mujeres. Los alcances de los femicidios se inscriben a nivel colectivo y generan un ambiente de inseguridad social, hecho que es reforzado, en la mayoría de los casos, por la desprotección estatal, limitando el desarrollo de las capacidades y ejercicio de las libertades y derechos de la mujer.

El femicidio muestra el real contexto de violencia y discriminación hacia la mujer; convirtiéndose en uno de los principales problemas sociales que deberán ser rechazados; acciones directas como la marcha al Congreso de la Nación el próximo miércoles 3 de junio van en esa dirección. Tanto la lucha contra los diferentes tipos de violencia de género, contra la trata de personas y el femicidio –así como también por la legalización del aborto–, son disputas por el reconocimiento de las mujeres como sujeto de derecho, que tienen como eje los cuerpos femeninos. En este sentido, afirmar que la violencia de género es un fenómeno en aumento es riesgoso; sería mejor decir que el rechazo al fenómeno, y por tanto su visibilidad, han aumentado.

Para los especialistas, no se trata de raptos de locura del victimario sino de un comportamiento aprehendido y enmarcado en la estructura socio-cultural del patriarcado. A partir de las marcas iniciales, la agresión hacia las mujeres -por ser mujeres- recorre un círculo que termina cuando ellas deciden alejarse, hecho que en muchos casos se configura en la antesala a un caso de femicidio. Ese recorrido simbólico comienza con la descalificación y el maltrato, el control, los celos y el alejamiento del entorno social y afectivo. Luego, se genera una etapa de arrepentimiento, donde el varón promete cambiar, por lo que la mujer, en muchos casos, siente culpa y regresa, aunque su móvil se combine también con una dosis de temor. La naturalización de los episodios que censuran las libertades de las mujeres favorece que el ciclo siga su curso, porque justifica el sometimiento desde la aceptación de preceptos patriarcales, cuando no se trata de miedo o apremios económicos para sostener el hogar.

En idéntica espiral violenta, el varón mina progresivamente su entereza hasta que la mujer misma se transforma en lo que él desea, aunque esa cosificación nunca llega a conformarlo. Esta retroalimentación es, con frecuencia, sostenida por el ámbito familiar de la afectada debido a que en él se comparten preceptos de la pretendida superioridad masculina o no se cree en la veracidad de las afecciones, porque el victimario exhibe una apariencia afable y distinta a la del ámbito doméstico.

La violencia de género, la huella de maltrato que es impuesta sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer, es una de las tantas consecuencias que arroja la cultura del patriarcado en la cual se ha venido desarrollando el esquema de la dominancia y el poder sobre la estigmatización de la mujer como objeto de inferioridad, como el cuerpo donde se posan los colores del maltrato, el placer del sexo, la supremacía del abandono y la desigualdad.

No hay una explicación unívoca para el femicidio, aunque sí hay sociedades donde se genera el huevo de la serpiente y sociedades donde se lo trata de eliminar de raíz. La realidad es reiterativa, y cuando se instaura como normal el asesinato a mujeres es difícil desactivar sus disparadores, pero no imposible. Las estadísticas basadas en registros administrativos provenientes de la policía, las instancias judiciales y los sistemas de salud permiten identificar al universo total, pero existen problemas en los procesos de recolección de datos por superposición y parcialidad de las instituciones de control, falta de preparación y/o prejuicios de los servicios públicos que no identifican adecuadamente los casos que llegan a su conocimiento. Lo que sí puede decirse es que las mujeres, especialmente las jóvenes, han demostrado ser las menos tolerantes a aceptar situaciones de sumisión y violencia doméstica, por ello las más expuestas. Sin embargo, este cambio al interior del hogar no parecería acompañado por el rol de jueces, defensores y fiscales, generando un explosivo cóctel en el que las mujeres se revelan a prácticas patriarcales y el sistema judicial las observa con ojos decrépitos de siglos pasados dejándolas inermes frente a los violentos.

Por último, es importante citar las palabras que el Secretario General del SADOP -recientemente reelecto por la voluntad del voto popular docente privado- Mario Almirón refirió respecto al femicidio, asegurando que “los docentes privados nos sumamos al reclamo colectivo, del pueblo, y a la exigencia de Justicia para que se ponga un límite a esta atrocidad. Esto nos mueve a trabajar con ansia, ahínco y con mucha voluntad para evitar que esto se repita”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos entendemos que resulta imperioso considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de Derechos Humanos, solo así forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata.

Algunos Datos

Desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, se produjeron 277 muertes de mujeres a causa de la violencia de género más extrema.

Otro dato del informe, elaborado en base a las noticias publicadas en agencias de noticias y medios, es que hay 330 personas huérfanas de madre a causa de los femicidios. Se trata de las víctimas colaterales de este problema social que en sólo siete años se cobró la vida de 1808 mujeres.

En el 56% de los casos el presunto femicida era pareja o ex pareja de la víctima. En el 20% de los casos el agresor no tiene un vínculo aparente con la víctima y en el 7% son otros familiares.

Otra lectura que se puede hacer de los datos es que en el 80% de los casos, las víctimas tenían un vínculo conocido con el femicida.

La provincia con más crímenes de mujeres fue Buenos Aires, con 91 casos.

En Salta y en Santa Fe se contabilizaron 21 casos, según La Casa del Encuentro. En 2014, La Rioja no tuvo ningún femicidio.

La cifra de 2014 es relativamente inferior a la de 2013, cuando se registraron 295 casos, la peor cifra desde 2008.