Por Washington Uranga
Periodista, docente e investigador de comunicación

No se necesita recurrir a muchas herramientas de análisis y basta con mirar casi desprevenidamente a nuestro alrededor, a lo que ocurre en nuestro entorno cotidiano, para percibir que en los años recientes se han modificado las formas de hacer política, se transformaron los modos de participación en la sociedad, y hay nuevas artes y metodologías para la incidencia en lo público. Muchos de estos cambios transcurren a contramano o al margen de los mecanismos institucionales formales del sistema democrático. La comunicación, entendida como la compleja trama de estrategias, medios y productos, es uno de los escenarios donde se dirime la lucha política y dentro del cual todos los actores buscan desarrollar acciones que aporten a sus propósitos, posicionándose como protagonistas de la lucha por el poder.

            Los educadores son, por definición, actores protagónicos de la cultura. Se trata, en la gran mayoría de los casos, de ciudadanos comprometidos con la vida social desde una perspectiva de derechos. Este compromiso obliga, también, a reflexionar acerca de cuáles son las acciones que, desde su lugar particular, los profesionales de la comunicación pueden realizar en el marco de esta realidad comunicacional atravesada por lo digital en la que nos encontramos inmersos.

Comunicación y política

Hay que decir, también, que no se puede pensar la política al margen de la comunicación y la comunicación está atravesada por la acción política.  Por supuesto que sin entender esta última de manera restringida, limitada a la acción partidaria institucional. Se trata más bien de comprender la política desde la perspectiva amplia de la ciudadanía. Y a ésta en los términos que señala Adela Cortina al afirmar que “la ciudadanía es primariamente una relación política entre un individuo y una comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno derecho de esa comunidad y le debe lealtad permanente” (CORTINA, 2001).

            Hoy nos atraviesa la certeza de que en todos los casos y niveles, la comunicación es un componente esencial de la acción política de incidencia sobre lo público. Entendemos por incidencia una acción sostenida en el tiempo con objetivo de transformación social y perspectiva de derechos, que busca influir y generar discusión pública sobre un determinado tema o cuestión en alguno de estos niveles: 1) darle visibilidad a un tema; 2) sensibilizar sobre un tema; 3) instalar agenda sobre un tema; 4) participar en la definición de políticas públicas. Aparece de distintas formas: como escenario, como estrategia, como planificación de medios y productos. Pero siempre la comunicación es un componente esencial de la acción política contemporánea. Se puede decir que sin comunicación no hay incidencia. 

            En medio de este escenario complejo, una pregunta que solemos hacernos intenta despejar de qué manera la comunicación y el sistema de medios, puede contribuir a generar conciencia en favor de aquellas causas apoyadas en derechos, afianzando una perspectiva de justicia y dignidad social. Refiriéndose al tema, el investigador belga Jan Servaes sostiene que “la incidencia política para el desarrollo es una combinación de acciones sociales diseñadas para conseguir compromiso político, apoyo a determinadas políticas, aceptación social y apoyo sistémico [systems support] en favor de un determinado objetivo o programa. Implica recopilar y estructurar la información de forma persuasiva, comunicar el caso a los poderes de decisión y a otros potenciales partidarios, incluyendo al público (a través de diversos canales interpersonales y mediáticos), así como estimular la acción de instituciones sociales, políticos e interesados en general en apoyo del objetivo o el programa” (SERVAES, 2011).

Formar en la ciudadanía comunicacional

De esta manera, Servaes establece lineamientos acerca de lo que debería ser una estrategia de comunicación para la incidencia, que consiste en fijar objetivos de cambio, generar bases de datos sobre información confiable, establecer un claro mapa de actores buscando posibles alianzas y, por último, diseñar una forma de abordaje teniendo en cuenta claramente los públicos a los que se pretende llegar.

            A la luz de lo expuesto, una estrategia de los trabajadores de la educación, orientada a incidir en los cambios culturales, debería contemplar ante todo una presencia continua, sistemática y organizada en todos aquellos ámbitos destinados a debatir e intercambiar con los actores estatales, públicos y privados; sobre los lineamientos de las políticas públicas de educación, cultura y comunicación. Los docentes tienen que ser parte activa y organizada del diseño de estas políticas públicas. También generando espacios de consenso y de búsqueda en común con todos los actores involucrados, promoviendo alianzas que impulsen procesos colectivos para que las políticas educativas, públicas de cultura, de inclusión digital y de comunicación, se orienten desde una perspectiva de derechos.

            A lo anterior habrá que sumarle estrategias dirigidas directamente a los comunicadores que —mal que les pese a algunos de ellos— necesitan ser capacitados para comprender los procesos educativos y las realidades juveniles, para evitar así la simplificación de situaciones complejas, o que se cometan errores que terminan atentando contra la dignidad de las personas. Todo ello sin desatender lo específico; la labor educativa en la que cada docente tiene que seguir desarrollando una perspectiva pedagógica que integre nuevos modos de conocimiento a partir de la comunicación y el mundo digital, a la par de metodologías para el análisis y la lectura crítica de los mensajes emitidos para el sistema mediático.

            La relación entre educación-comunicación demanda hoy una inteligencia de la práctica que exige la construcción de estrategias complejas para incidir en las políticas públicas de educación, cultura y comunicación, y, al mismo tiempo, desarrollar acciones en los ámbitos educativos que reflejen, en uno y otro caso, un compromiso de los trabajadores de la educación con la construcción de una ciudadanía comunicacional que es parte integral de la ciudadanía plena.

Referencias:

CORTINA, A. (2001), Ciudadanía política. Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Adela-Cortina-Ciudadania-Politica/1330711.html

MASSONI, S.  (2011), Comunicación estratégica. Comunicación para la innovación. Homo Sapiens, Rosario.

SERVAES J. (2011),  “Comunicación e incidencia política para la construcción de la paz”, IC–Revista Científica de Información y Comunicación, Vol. 8, pp. 51-74.