Prat-Gay adelantó que para llegar a las paritarias en marzo habrá que cerrar en enero “un acuerdo amplio entre sindicatos y empresas en el que hay tres partes en la mesa y cada uno va a tener que poner su parte para que esto se coordine de la mejor manera posible”. Los precios de referencia para ese acuerdo, en precisiones del propio ministro de Hacienda y Finanzas, van a ser los registrados al 30 de noviembre. No deja de ser llamativa la forma de plantear una negociación con las organizaciones sindicales fijando no sólo las limitaciones a las que se tendrá que ajustar sino la obligación de firmar un acuerdo previo que podría durar cuatro años Todo ello para poder llegar a paritarias que con esa imposición se transformarán en una mera puesta en escena. En ese contexto, Trabajo & Economía dialogó con Carlos Barbeito, secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo. La posición del entrevistado se resume en respuestas que se transcriben a continuación.

–¿Cuál es su posición frente al llamado al diálogo social que anticiparon desde el nuevo Gobierno Nacional?

–Como dirigente sindical, siempre he rescatado el diálogo; en tal sentido, no tengo nada que objetar aunque creo que hay una serie de elementos a tener en cuenta respecto de este llamado. En primer lugar ningún, Acuerdo Económico Social puede ir en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores. En segundo lugar, ningún Gran Acuerdo debe condicionar las paritarias ni inducir a la baja la recuperación del poder adquisitivo del salario. Y, por último, ningún acuerdo social debe limitar las paritarias a aspectos parciales de la negociación colectiva, como sería intentar que la discusión se centre en la productividad. Los trabajadores tenemos memoria. Debemos negociar sabiendo que intentar limitar la recuperación del poder adquisitivo del salario es pretender que, si hay un ajuste, el ajuste lo paguemos los trabajadores. Si por un lado el gobierno produjera una devaluación y en paralelo se bajaran o eliminan aranceles a la exportación de oleaginosas, según los anuncios de campaña del nuevo gobierno, y por otro se eliminaran subsidios al transporte y los servicios, unido esto a una limitación de la negociación colectiva, asistiríamos a una fenomenal transferencia de ingresos de los trabajadores a los sectores concentrados de la economía. Se presentaría una situación que ya experimentamos en los ’90 cuando para bajar la inflación se recurrió a la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, con esto cayó la demanda y se bajó la inflación. Pero esto inició el círculo vicioso de la economía: baja del salario real, consecuente caída de la demanda de consumo, derrumbe de la producción y subsiguiente ola de despidos. Y continuó el ciclo con nueva caída del consumo y la producción y nuevos despidos y así sucesivamente. Esto determinó un alto índice de desocupación y permitió que la variable de ajuste fuera el salario, lo que alimentó el ciclo negativo de la economía. Otra cuestión a considerar es quién o quiénes serán convocados a representar a los trabajadores en ese diálogo social. Hay sectores del sindicalismo claramente identificados con el nuevo gobierno y dispuestos, según sus propias expresiones, a aceptar un ajuste salarial. Estos sectores no representan a la totalidad de los trabajadores organizados ni a sus organizaciones. Nosotros estamos en la CGT que conduce el compañero Caló y esperamos a ser convocados para llevar adelante nuestra consigna de defensa del salario real, porque somos conscientes de que sólo defendiendo el salario protegeremos las fuentes de trabajo nacionales que dependen del consumo interno y este del ingreso de los trabajadores. La unidad es fundamental para tener fortaleza a la hora del diálogo social, la negociación y la defensa del salario y los logros conquistados. Pero no puede ser cualquier unidad, debe ser una unidad sobre una base programática que defienda el trabajo y el salario como Derechos Humanos fundamentales. Por tal razón, las representaciones sindicales que se han mostrados afines con el nuevo gobierno y que se muestran permeables al ajuste no pueden representar al total de las organizaciones gremiales. Nosotros estamos nucleados en una CGT que quiere sostener un modelo sindical en el que la negociación colectiva mediante paritarias libres con el sector patronal es garantía de sostenimiento del poder adquisitivo del salario. Respecto del reclamo de un bono de fin de año, nosotros estamos de acuerdo en el sentido de que la pérdida de poder adquisitivo del salario siempre debe buscar caminos de recuperación. Pero un bono resuelve el problema en forma parcial. Queremos el bono si se toma como anticipo de la recuperación salarial que debe negociarse en paritarias.

–Usted pertenece a un sindicato vinculado con la molienda de harina, la Unión Molinera Argentina. ¿Qué opinión le merecen los aumentos de precios de la harina acaecidos en el último mes?

–El aumento de precios de la harina es responsabilidad del nuevo gobierno que en campaña anunció un dólar a 15 pesos. Este anticipo de una devaluación cercana al 60% disparó las expectativas de los productores y estas se transformaron en especulación de los exportadores lo que colocó el precio de la harina en los valores que esperaban obtener en el momento en que se produzca la devaluación. Esta movida fue estrictamente en perjuicio del mercado interno, en especial de los sectores populares, en el que la harina cubre una buena parte de su canasta alimentaria (pan, facturas, fideos, etcétera). Para ejemplificar, tomemos el caso del pan, que pasó de 18 pesos a 30 o 34 según la panadería. Pero lo que ocurrió con la harina también se verificó con los aumentos desmesurados de la carne vacuna que arrastró consigo al pollo y otros productos cárnicos. El sostenimiento del programa de Precios Cuidados atenuó en muchos casos los aumentos indiscriminados de precios, pero el anuncio del gobierno de que no aplicaría la ley de abastecimiento anuló su efecto dado que los productos incluidos en este programa desaparecieron de las góndolas.

Fuente: T&E