Por Carlos Barbeito

Secretario de Derechos Humanos

Confederación General de Trabajo (CGT)

Las medidas adoptadas por el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, en sus primeros 50 días de gestión, modelan un rumbo ideológico autoritario, neoliberal y conservador inequívoco, con resabios de las dictaduras del 16 de septiembre de 1955 y del 24 de marzo de 1976, y de la aventura económica devastadora que comenzó el 8 de julio de 1989, con la asunción de Carlos Menem como Presidente de la Nación, y se extendió hasta el estallido social y económico del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hecho agravado por la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

 Esta opinión sobre la gestión Macri, no es subjetiva, se fundamenta en dichos y hechos concretos surgidos de su gobierno. La pretensión de designar por decreto de necesidad y urgencia (¿?) a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la pasividad cómplice del presidente de ese cuerpo, Ricardo Lorenzetti, constituye un gravísimo incidente institucional porque invade ilegalmente al Poder Judicial e ignora las atribuciones del Poder Legislativo. Dos de los tres poderes del Estado vulnerados por el titular del tercero.

 Los despidos masivos y arbitrarios de trabajadores y trabajadoras del Estado, utilizando la metodología de “listas”, la misma que estuvo presente en gobiernos autoritarios y dictatoriales, sumergen en la desesperación y vulneran la dignidad de decenas de miles de argentinos y argentinas.

 La indiferencia absoluta del gobierno ante los miles de despidos ya registrados en la actividad privada, revelan la intencionalidad política de sus mentores de promover un altísimo número de desempleados que operen como disciplinadores de los reclamos y el conflicto laboral.

 La decisión política de silenciar por un largo tiempo al INDEC, neutraliza la necesaria medición por parte del gobierno, del costo de vida y otros indicadores vitales para orientar, por ejemplo, las negociaciones colectivas de los salarios. Las manifestaciones insistentes del presidente y funcionarios de nivel en relación a los ingresos de las trabajadoras y trabajadores argentinos, revelan la pretensión del gobierno de interferir en los acuerdos salariales para que sus resultados no excedan la franja del 20/25% frente a un aumento del costo de vida del orden del 40%.

 Es evidente que uno de los objetivos centrales de este gobierno autoritario, neoliberal y  conservador, es lograr la caída estrepitosa del poder de compra de los salarios, con la consecuencia inmediata del empobrecimiento de trabajadoras y trabajadores.  Además de las dramáticas consecuencias sociales que ello conlleva y del impacto negativo sobre el mercado interno y el empleo, estas medidas recesivas potenciarán el paso del círculo virtuoso al círculo vicioso de la economía.  

 A estas políticas antisociales se le suma la ya en marcha apertura discrecional de la economía para facilitar la importación de manufacturas y, en compensación, devaluación monetaria mediante, la exportación primaria de productos agropecuarios con poco y mal pago trabajo argentino incorporado. Este rumbo de gestión nos lleva indefectiblemente a la reinstalación de un modelo de país agroexportador financiero que excluirá a la mayoría de nuestra población. El conflicto social inevitable que estas medidas provocarán solo puede intentar contenerse con represión. En este sentido, queda por verse si el régimen macrista encontrará, en las fuerzas de seguridad, aliados dispuestos a reprimir al pueblo. Nuestra historia reciente nos enseña que los trágicos sucesos de los años setenta no han sido neutrales para integrantes de esas fuerzas que estuvieron involucrados. Muchos de ellos pagan su condena en prisión y no pocos siguen visitando tribunales a lo largo y lo ancho del país.

 El desplante de Mauricio Macri a Estela Carlotto desnuda la brutal insensibilidad del presidente y ofende al movimiento de Derechos Humanos en la Argentina y en el mundo. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que ella preside, hasta la fecha ha logrado localizar y recuperar a 119 personas apropiadas en su niñez por la infausta dictadura cívico – militar. Esa obra ejemplar, reconocida a nivel mundial, pretende ahora ser ignorada por quienes, ideológicamente, se ubican del lado de los represores y sus ideólogos.

 La detención política de Milagro Sala, dirigente social y legisladora electa del Parlasur, los despidos masivos en los espacios de DDHH, la incorporación en ese espacio de funcionarios como mínimo polémicos, y las declaraciones descalificadoras sobre el drama de los desaparecidos en nuestro país, transparentan una clara intención de desactivar la política de Estado sobre Derechos Humanos iniciada por el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en los albores de la recuperación de la democracia en la Argentina, y que ocupo un lugar central en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, colocando a nuestro país como uno de los principales referentes en el mundo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

 La escandalosa transferencia de recursos de los sectores sociales más vulnerables hacia los más poderosos desnudan la alianza evidente del gobierno con sectores vinculados a la exportación agraria, al sector financiero y a los medios oligopólicos de información. Todo ello en detrimento del resto de los habitantes del país que ya comienzan a sufrir la suba indiscriminada de precios y tarifas como preludio del avance de un modelo de pocos privilegiados y muchos excluidos.

 Este sucinto repaso de algunas de las medidas ejecutadas por el gobierno en sus primeros 50 días de gestión, demuestra claramente el rumbo político elegido por el gobierno y muestra su perfil más reaccionario: el autoritarismo. No hay contradicciones en ese sentido. La historia nos enseña que siempre el autoritarismo es la cara oculta de la represión y la opresión hacia el Pueblo.

Frente a este gravísimo cuadro de situación, el movimiento obrero organizado tiene la responsabilidad indelegable de liderar la resistencia a este decidido intento del Gobierno y sus aliados, de restaurar el estado neoliberal conservador. Los dirigentes sindicales, junto a todas las expresiones de campo nacional y popular, tenemos la obligación de dar respuestas a todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea su realidad actual. Ellos nos lo están demandando.

 El tren de la historia pasa una sola vez. Por favor, no nos quedemos en el andén.