Por Héctor Neri
Secretario de Derechos Humanos
SADOP-CDN

Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos, prometió desclasificar nuevos documentos relacionados a la última dictadura militar, que incluirán archivos militares y de inteligencia.

Desde el gobierno nacional recibieron la noticia con satisfacción. Claudio Avruj,  Secretario de Derechos Humanos, fue quien hizo públicos los anuncios, reivindicando para el Ejecutivo de Mauricio Macri “la explicitación de la importancia que el gobierno nacional otorga a los Derechos Humanos, a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y a los organismos”. El funcionario de Cambiemos señaló: “No hay duda que hubo participación de EE.UU. a propósito de la creación y puesta en funcionamiento de la denominada Escuela de las Américas, una iniciativa americana, a la injerencia de (Henry) Kissinger y la política de (Gerald) Ford en el caso chileno, este último hecho el más conocido”. Avruj reivindicó este gesto en el marco de la nueva relación que la administración argentino se propone mantener con EE.UU., uno de cuyos pasos excluyentes derivó en el pago a los holdouts por un monto de US$1.500 millones.

Por su parte, Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, estimó que el proceso de desclasificación va a ser largo. “Lo decimos para que no se generen expectativas inmediatas y que se diga después ’no, el Gobierno lo está frenando’” aclaró.

Pero una de las novedades más importantes sobre este tema que, dicho sea de paso, se trata de un reclamo de larga data a cargo de organismos de Derechos Humanos tales como Madres de Plaza de Mayo o el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), es que, por primera vez, la búsqueda se ampliará a documentos de las agencias de inteligencia, así como del Departamento de Defensa y cuerpos policiales. Ello ayudará a rearmar el rompecabezas en cuanto a la responsabilidad de los servicios de inteligencia norteamericanos y su injerencia en la política internacional a través del terror, metodología que aún hoy continúa empleando a través de las guerras libradas en Medio Oriente.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos creemos que, si bien se trata de un paso altamente positivo para echar luz sobre la trama que tejió el golpe militar del que se cumplirán cuarenta años, resulta necesario decir también que, desde sus bancas parlamentarias, tanto diputados como senadores de Cambiemos han alzado de forma repetida sus manos para manifestarse en contra de la creación de comisiones parlamentarias para definir la complicidad económica con el Terrorismo de Estado. En este sentido, vale la pena recordar las palabras del titular del bloque de diputados del macrismo, Federico Pinedo quien, en entrevista con el diario Página/12 el 25 de septiembre de 2015, aseguró: “El Gobierno no está conforme con algunas causas en las que la Justicia ya se expidió, por ejemplo Papel Prensa, y por eso sacan esta ley. Nosotros no vamos a acompañar que se interfiera a la Justicia y se persiga a ciudadanos”, en referencia a las causas que investigan la participación de sectores civiles en el terrorismo de Estado.

En definitiva, se trata de otro gesto político que caracteriza la gestión gubernamental de la administración de Mauricio Macri donde –como en otras temáticas- a una supuesta acción que claramente resultaría reparadora, le sigue su correspondiente reacción, ubicada en las antípodas de la anterior y que, de forma subrepticia, viene a contradecir a la primera y cuya contracara atenta contra esos derechos en principio subsanados, convirtiéndolos sólo en meros eslóganes o declaraciones de principio.

Como siempre, la clave resulta mantenerse alertas, organizados y en la calle.