Los trabajadores docentes privados hemos rechazado el Decreto 52/18 del gobierno que, en los hechos, pretende dar por cerrada una experiencia virtuosa fruto de la lucha docente, como lo es la PARITARIA FEDERAL DOCENTE que funcionó desde 2008 con acuerdos y desacuerdos en forma ininterrumpida hasta el primer año de gestión del actual gobierno.

El proceso de negociación colectiva articuló a los cinco sindicatos docentes con personería gremial nacional – CTERA, SADOP, CEA, AMET y UDA –, los Ministerios de Educación y de Trabajo nacionales y los representantes de las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación. La paritaria logró acuerdos con efecto en toda la docencia del país, tanto de índole salarial como en lo referente a otras materias, tal el caso de la capacitación docente, permutas, traslados y planes socio educativo.

La consecuencia objetiva de esta decisión unilateral es profundización de la fragmentación y la dispersión de los salarios docentes, también de los docentes privados cuyo haber debe ser como mínimo el de sus pares estatales según reza la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en su artículo 64.

La docencia argentina logró la paritaria tras un proceso de lucha y la recuperará por el mismo camino.

Los docentes privados exigimos que se respete nuestro derecho colectivo a participar en la discusión del salario, de las condiciones y medio ambiente de trabajo, como así también nuestro derecho a participar en los ámbitos paritarios de cada jurisdicción y de CABA.

En el caso de los docentes privados, la falta de funcionamiento de los dos ámbitos de negociación colectiva como lo son el Consejo Gremial de Enseñanza Privada cuyo origen se remonta al primer peronismo y su clara defensa de los derechos de los trabajadores y la CONEP (Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada) que fue creada en 2009 y aún  no generó acuerdos relevantes, es una nueva demostración de la actitud cómplice de nuestra patronal que ni siquiera ha emitido ninguna opinión ni ha buscado la formas para destrabar estas negociaciones.

Estos problemas estructurales impactan en forma directa sobre el sistema educativo. La consecuencia inmediata es su desarticulación como tal. La inexistencia de una política salarial federal plantea un escenario de desintegración generalizada que se traslada a todos las líneas de la política educativa.

Las leyes que encuadran el sistema educativo argentino – Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Técnico Profesional y Ley de Financiamiento Educativo – están vigentes y son citadas como marco en las decisiones focales que impulsa el Ministerio Nacional, sin embargo, en la práctica, están perdiendo volumen en tanto y en cuanto presenciamos una creciente fragmentación del carácter federal de la política educativa.

La paradoja es notable: se levanta a la educación como clave para crecer y por otro lado se estigmatiza a un actor central del hecho pedagógico como lo es el docente.

A tal punto esto sucede que en lugar de reconocer el atraso del salario docente y su pérdida constante de poder adquisitivo, se trae a la mesa el “presentismo”, “el Ítem Aula” y otras modalidades. Es decir, un claro mensaje a la sociedad: “a los maestros hay que condicionarlos con sumas dinerarias por ir a trabajar porque en su naturaleza está faltar”.

Es falso, perverso y perjudicial. Es una mancha negra que se desparrama sobre el trabajo docente al cual se lo pone en duda en sus mismos principios. Es una consideración economicista acerca de los maestros y profesores, su labor, su rol y sus funciones pedagógicas y sociales.

Los estudios sobre el trabajo docente y específicamente, la “Primera Encuesta Nacional de CYMAT de los Docentes Privados (SADOP, 2013), dan cuenta de las innumerables problemas que afectan el desarrollo profesional de los docentes y su relación directa con su salud laboral.

El telón de fondo de la discusión salarial, la valorización del trabajo docente y la implosión de las leyes educativas, es el PROYECTO DE PAÍS.

Si las actuales políticas educativas, realmente, tuvieran como marco normativo los fines y objetivos que plantea la Ley de Educación Nacional, otra educación estaríamos debatiendo en la Argentina.

Las actuales políticas, subsidiarias de un modelo de país dependiente, primarizado en su economía, endeudado en forma estructural, se alejan minuto a minuto de un proyecto de nación con desarrollo propio y justicia social.

La “doctrina del premio” es la nueva marca de la política educativa. El presentismo es un premio por ir enfermo a trabajar; la nueva versión del Plan Progresar es un premio que no incluye, ni integra ni promueve. El premio es la base de la meritocracia. Afuera quedan los contextos y las condiciones. Nada más alejado de la “justicia educativa” de la que también hablan.

En 2009, publicamos “Proyecto Umbral. Resignificar el pasado para conquistar el futuro”. Allí profundizamos en el principio N° 21 del maestro Gustavo Cirigliano: “Todo proyecto nacional determina un sistema educativo congruente” incluido en su célebre “Metodología para el proyecto de país”.

Esta articulación necesaria y estratégica entre modelo educativo y proyecto nacional es la clave interpretativa para comprender los tiempos que transitamos y la idea fuerza para iluminar el camino de la reconstrucción.

Los docentes privados nucleados en SADOP discutimos con vehemencia la defensa del salario de nuestros compañeros y compañeras porque defendemos su vocación, su dignidad y su trabajo. Estamos convencidos que al debatir el salario y el proceso de trabajo docente estamos desarrollando un acto profundamente político (como dice Paulo Freire) ya que estamos discutiendo el proyecto de nación y con ello el destino de nuestros hijos, nuestros alumnos y de la comunidad nacional.

Daniel Di Bártolo
Secretario de Educación
SADOP – CDN