La vicepresidente Gabriela Michetti presentó tres proyectos destinados a las personas con discapacidad, en lo laboral y Social, financiados por Japón y el BID.
Los Proyectos, presentados en la Casa Rosada, consisten en capacitación y prácticas profesionales para jóvenes “con discapacidad Intelectual”. Las iniciativas se inscriben en la política del Gobierno respecto de las personas en situación de discapacidad cuyo núcleo central es la no integración, la falta de acciones concretas y sistemáticas para lograr la inclusión de dichas personas y, en definitiva, la segregación. El Gobierno Nacional continúa de esta manera segmentando, estigmatizando y caratulando a este grupo de personas, vale decir, generando una discriminación negativa.
El Poder Ejecutivo Nacional refuerza una discriminación presente en el imaginario colectivo “los discapacitados”, como categoría “distinta” e “inferior” en capacidades y posibilidades a “los normales”; violando la letra y el espíritu del artículo 43 de la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
¿Para qué le sirve a una persona en situación de dis/capacidad (capacidad diferente) ser categorizada como tal, si solo se presumirá que no puede hacer ciertas cosas, que el Mercado estima como relevantes?
¿Marca esa categorización los modos en que las personas en situación de discapacidad se relacionan con los demás, como conocen, sienten y piensan?
Afirma la vicepresidente “buscamos generar oportunidades de inclusión social y laboral de personas con discapacidad para que puedan tener su primera experiencia laboral”.
Vale decir, para la funcionaria, las personas “tienen discapacidad”; “son in/capaces”. Ello es muy distinto al enfoque de la discapacidad como una situación - que puede ser transitoria- que tiene que ver con las circunstancias que rodean a la persona y que debe ser abordada desde la ética, que –como diría el filósofo Levinas- es una “óptica”.
¿Desde dónde miramos a las personas?
Si la mirada se realiza desde las “necesidades del mercado laboral” lo relevante es lograr “insertarlos en el mundo del trabajo” (para que pasen de ser “sujetos que no producen dinero” a ser “sujetos que sí lo producen”).
Si - como es nuestro caso- las miramos desde la óptica de los Derechos Humanos, lo central es que puedan desplegar sus potencialidades, superarse y perfeccionarse en todas las dimensiones. Lo cual requiere, desde luego, una mirada integral y no una sesgada.
Quizás lo relevante para un Gobierno que accedió a la Administración del Estado de la mano del discurso y la promesa del diálogo, sea que la situación de discapacidad sea objeto de un debate en el seno de la sociedad, promovido por el propio Gobierno, ya que lo que debiera buscarse como finalidad es la “inclusión social”, más compleja y amplia que la “laboral”.
Ello supone generar las condiciones para el diálogo, las que implican desde luego, reconocer los itinerarios anteriores de: Instituciones, Organizaciones y Gobiernos, y no actuar con “adanismo”, creyendo que “la historia empieza con uno”.
De lo contrario, se generan proyectos fracturados, aislados, que más que ayudar son: “…una fuente de obstáculos e impedimentos porque muestran el derrumbe de las ilusiones integradoras” (Lucía Garay). Esperemos que estas lamentables frustraciones sirvan al menos para abrir un espacio al imaginario creativo, a la ruptura con lo prescripto, a la búsqueda de nuevos sentidos para la vida de las personas y a “empezar de nuevo”.
A casi tres años de gobierno decir que aún buscan generar oportunidades en las personas con discapacidad es un acto de irresponsabilidad y vulneración de los derechos humanos.
En la misma línea de subestimación de las personas en situación de discapacidad, estos proyectos proponen capacitar solo en programación, instalación eléctrica domiciliaria y soldadura. Un reduccionismo inaceptable en la propuesta.
Claramente se visualiza una concepción de las personas en situación de discapacidad muy lejano a la construcción histórica realizada desde la sociedad, centrada en sus derechos como personas. Falta una política pública que reconozca “justicia en las oportunidades” -no mera igualdad- a todos los ciudadanos por igual. Lograr ocupar ese espacio vacante es tarea de todos.