La ley de educación técnico – profesional sancionada en el año 2005 constituye el marco en el cual se despliegan las políticas de articulación entre la educación y el trabajo. La ley dispuso la creación de un fondo propio para el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) con el cual se financian proyectos de mejora para las escuelas técnicas y los centros de formación profesional en todo el país. Con la nueva estructura pierde valor la herramienta para llegar con mejoras concretas a las escuelas.

Las declaraciones del Secretario Empleo de la Nación – el ex Techint – Miguel Ángel Ponte en el sentido de promover pasantías para que los empresarios puedan “comer y descomer” la relación de empleo, muestra a las claras que los cambios que se pretenden instrumentar en el INET tienen el objetivo de flexibilizar las relaciones laborales.

Ni los sindicatos ni las cámaras empresarias ni los colegios profesionales hemos sido consultados acerca del proyecto en danza. La ley de educación técnico profesional dispuso la creación de dos instrumentos consultivos: el CONETyP (Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción) y su comisión técnica. La propuesta debió plantearse allí en primera instancia, se debió estudiar y debatir para alcanzar algún nivel de consenso. Todo esto no ocurrió. Otra vez, la política del gobierno que declama el diálogo social vuelve a transitar el camino del autoritarismo. No existe entre los organismos de consulta en el Estado una muestra tan evidente acerca de las potencialidades del diálogo como el CONETyP,  que incluso funciona en las provincias. Es lamentable que el gobierno lo ningunee y le dé la espalda tanto a los trabajadores como a los empresarios y los profesionales técnicos.

El desguace del INET y el vaciamiento del CONETyP es una estrategia encolumnada en la visión de un proyecto de país dependiente basado en la primarización de la economía, la ausencia de matriz industrial diversificada y la concepción de una educación en términos de formación de recursos humanos.

SADOP, como integrante del CONETyP, advierte acerca de estas desviaciones que modifican los fines y objetivos que la ley de educación técnica estableció para sus escuelas y centros. Rechaza también la idea de “talento” como criterio ordenador de la formación, creando una grieta con el sentido de la educación como derecho personal y social. Reivindica los espacios de participación tripartita – modelo OIT (Organización Internacional del Trabajo) – donde los sectores sindicales, empresarios, profesionales y el Estado dialogan y buscan consensos respetando intereses y proyectos.

Para el SADOP la educación técnica y la formación profesional se articulan con el proyecto de país. Formar para supuestos talentos, encolumnar la formación con el requerimiento empresario, fomentar mano de obra barata no son estrategias para el desarrollo nacional sino medidas para favorecer los intereses de unos pocos en detrimento de las mayorías.


Daniel E. Di Bártolo
Secretario de Educación
SADOP-CDN