Por Daniel E. Di Bártolo

Secretario de Educación 

SADOP-CDN

La noticia de la jornada es que el controvertido Operativo Aprender con el cual el Gobierno se propone medir la calidad educativa en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, ha sido discontinuado y, a partir de este año, la evaluación se instrumentará en forma alternada en cada nivel cada dos años.

Las razones que esgrimen las autoridades sostienen que, de este modo, las escuelas y los alumnos tendrán más tiempo para desarrollar estrategias de mejoramiento y que, en la mayoría de los países que se aplican estas evaluaciones, son cada dos años.

Resulta cuanto menos superficial pensar en que un operativo de evaluación impuesto en forma unilateral e inconsulto con el consiguiente costo político, sea discontinuado solo por esas razones.

Más bien, parece que el criterio de ajuste que atraviesa el conjunto del proyecto de ley de Presupuesto 2019 – en tratamiento en el Congreso – también se lleva puesto la propia política del gobierno en esta materia.

Estamos en desacuerdo con los criterios de evaluación que desarrolla la actual gestión educativa y por consiguiente con las herramientas tanto nacionales como internacionales que instrumenta: Operativo Aprender y las Pruebas PISA, entre otros.

La decisión de alternar cada dos años no cambia la naturaleza ni los fines de la política de evaluación sustentada en la instalación de los “malos resultados”, en la actitud de “cargar” sobre las espaldas del docente como “responsable de todos los problemas” y en el deterioro de la educación pública como derecho personal y social, según establece la Ley de Educación Nacional vigente.

La decisión unilateral del Gobierno de eliminar la Paritaria Nacional Docente mediante el Decreto 52 ha producido gravísimas consecuencias en el sistema educativo. La principal de ellas es el proceso de dispersión y fragmentación del conjunto de la política educativa, volviendo al escenario de los 90, donde convivían tantos sistemas como jurisdicciones, distorsionando el sentido federal originario.

En este marco, las evaluaciones estandarizadas han mostrado su debilidad al no estar enmarcadas en una política nacional y federal de desarrollo de la educación. En una reiterada paradoja, mientras el Gobierno levanta los casos de Finlandia y Portugal como ejemplos de mejoras en la calidad educativa, el estudio de los mismos, demuestra que los resultados son la consecuencia directa de enfoques sistémicos, centralidad del docente, su salario y su formación continua y la continuidad de políticas de financiamiento y prioridad de la educación.

Aun así, los problemas de la educación requieren de propuestas proyectadas y sostenidas en el tiempo. En noviembre de 2013, los sindicatos docentes argentinos firmamos un Acuerdo Paritario que establece la “auto-evaluación institucional y participativa” como criterio orientador de los dispositivos para las distintas instancias de la evaluación.

El incumplimiento de dicho acuerdo junto con la falta total y absoluta de funcionamiento de los Consejos previstos en la Ley de Educación Nacional, entre ellos el Consejo de Evaluación de la Calidad Educativa, son las razones fundamentales por las cuales existe una disociación entre las pruebas estandarizadas, la realidad de la escuela y la problemática educativa.

¿Es posible que se considere la evaluación en forma aislada de los gravísimos problemas de infraestructura y mantenimiento que han producido dos desgraciadas muertes en la ciudad de Moreno?

Un grupo de organizaciones sociales nucleadas en la CADE (Campaña Argentina en Defensa de la Educación) están promoviendo un proyecto de ley denominado VTE (Verificación Técnica Escolar) que se propone la existencia de un mecanismo que releve y certifica las condiciones edilicias de las escuelas que constituyen, además, el medio ambiente de trabajo docente.

Para la CADE la evaluación incluye otras dimensiones que no son tenidas en cuenta por las pruebas Aprender ni por las pruebas PISA. Por ello, proponen un dispositivo integral.

Esta iniciativa, junto con los sindicatos, los padres de familia, las cooperadoras, entre otras, están mostrando que la etapa de la resistencia está buscando su transformación en ciclo de construcción de políticas públicas de consenso y unidad detrás de programas de trabajo y educación para todos y todas.

La noticia del “ajuste evaluador” es una mera circunstancia táctica que no modifica sustancialmente el enfoque acerca del cual planteamos nuestra disidencia. Bregamos para que la educación popular logre superar las miradas miopes, eficientistas y tecnocráticas que pretenden hacernos creer en una educación sin historia, sin rumbo, sin contexto. Creemos en todo lo contrario.