SADOP presentó una queja formal ante la OIT contra el Ejecutivo nacional por violación de la Libertad Sindical, "solicitando al Comité de Libertad Sindical se proceda a dar formal trámite al presente y oportunamente, se emita formal Dictamen al Consejo de Administración de la O.I.T., a los efectos de que el mismo disponga llamar la atención del Estado Argentino sobre las anomalías comprobadas y lo invite a tomar las medidas adecuadas para remediarlas; entre éstas dar efectivo cumplimiento al procedimiento de negociación colectiva de Paritaria Federal Docente, establecido en el artículo 14° bis de la Constitución Nacional, el artículo 10° de la Ley 26.075 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 457/2007, los artículos  9, 67 inc.l) y 115 inc.e) de la Ley Nº 26206 de Educación Nacional y restantes normas concordantes y reglamentarias de derecho interno".

Por otro lado, SADOP peticiona que se le exija al Gobierno dejar sin efecto las restricciones al derecho de huelga de los maestros y profesores, establecidas por normativa interna de la Provincia de Buenos Aires, en tanto y en cuanto ha dispuesto por resolución conjunta del día 15 de marzo de 2017,  un “pago extraordinario por única vez de pesos un mil ($ 1.000) en concepto de gratificación no remunerativa y no bonificable, para aquellos docentes que hayan concurrido a dictar clases los días en que se han llevado a cabo las medidas de fuerza".

La omisión y el acto denunciados –omisión ilegal y arbitraria del gobierno nacional de no convocar a la Paritaria Federal Docente, con  manifiesto incumplimiento de un deber legal exigible de orden público) y  la resolución del gobierno provincial implican una gravísima lesión de los derechos reconocidos aSADOP y a los maestros y profesores privados que representa, que han sido consagrados por los  Convenios de la O.I.T. números  87° y 98° relativos a la Libertad Sindical y las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en materia de negociación colectiva y derecho de huelga y han originado un gravísimo conflicto colectivo, que ha afectado los derechos no solo de los educadores sino también de los alumnos, de los padres y en general de  la comunidad educativa del país, alterándose la Paz Social del Pueblo de la Nación, por directa responsabilidad gubernamental.