Las políticas públicas suponen comprender las interrelaciones y la dinámica propia de los diversos ámbitos que, con distintas reglas y actores, se organizan de modo funcional al mejoramiento de las políticas de discapacidad.
De acuerdo al modelo social, implícito en nuestra Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378), pasamos a centrar el análisis, en los derechos de la persona con discapacidad y su propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad” (art.1, primer párrafo)
Si los bienes sociales que deben distribuirse y las pautas para que esta distribución sea justa, dependen del contexto cultural e histórico como se sostiene en las concepciones actuales del Estado de Bienestar y es necesario superar la brecha de la exclusión mediante una pertinente redistribución de esos bienes atendiendo a los derechos de los excluidos.
La Convención señala que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, con los demás”.
Esta definición de discapacidad tiene implicancias en el ámbito de las políticas públicas:
-Su diseño debe ser flexible y su implementación, revisada con frecuencia para adecuarse a la evolución de la temática de la discapacidad.
-El eje de las acciones no está en las personas con discapacidad sino en el contexto social en el que ellas tienen derecho a desenvolverse.
-La Educación Inclusiva implica actitud y compromiso con el objetivo de contribuir a una educación de calidad.
-Actitud y compromiso por parte del Estado en primer lugar, acompañando a todos los docentes de modalidad y niveles en la capacitación, para lograr juntos la transformación de la institución educativa y una mirada diferente con respecto a la diversidad.
-Mirar al otro siendo parte de este sistema no solo educativo sino social y no a parte dentro de un sistema paralelo.
-Para lograr este objetivo se requiere profesores competentes para trabajar en contextos y con sujetos de aprendizaje cada vez más complejos y heterogéneos.
-Tanto la actitud como las prácticas docentes son barreras que aún obstaculizan la inclusión, cuando existen profesores que no se sienten adecuadamente capacitados para atender a la diversidad, adjudicando esto a la falta de apoyo y a la falta de capacitación durante la formación y durante su actividad profesional.
Sin duda que el Estado debe acompañar, formar y capacitar a sus docentes ante este nuevo paradigma de enseñanza a aprendizaje, pero urge como prioridad, modificar las propuestas educativas en los centros de altos estudios. Estos planes no reflejan la realidad de las instituciones educativas, de manera tal que los docentes llegan a las escuelas con una población muy diferente a los años anteriores, y es allí donde se produce en el docente, esa sensación de soledad ante situaciones que aún no están naturalizadas, internalizadas, y aceptadas como sería en este caso de la diversidad.
Por eso es fundamental generar un cambio de mirada en conjunto, donde todos nos sintamos involucrados en este nuevo paradigma, y donde el Estado ocupa un papel fuerte y sólido a la hora de estar presente no solo en la atención a las personas en situación de discapacidad, sino a todo el colectivo docente en cuanto a su formación permanente para darle la bienvenida a toda la comunidad escolar.
Entiendo que se ha avanzado mucho en el tema de la inclusión educativa pero aún seguimos observando estos casos, donde se vulneran derechos, donde no se respetan los tiempos, ni los motivos por los que se actúa excluyendo.
Esto logra angustia no solo en el niño sino también en su familia, y así vemos familias desbastadas y desanimadas y escuelas con derecho a decidir en esta escuela sí o en esta no. Por ello sigue vigente el desafío gremial de democratizar las escuelas, para que sean ámbitos de libertad y derechos y no lugares donde se reproducen injusticias sociales propias de nuestra sociedad.
Cuantos profesionales deciden el destino de un niño o adolescente aferrándose a un diagnóstico y avalando sus decisiones solo con ese diagnóstico.
Hoy más que nunca necesitamos escuelas disponibles , preparadas para la diversidad, docentes capacitados y un Estado presente, que los acompañe, que los respete, que los capacite, que proyecte y que actúe.
Prof. Sandra Ferrero
Asesora en Educación Inclusiva
SADOP