El sindicalista denunció que por la Resolución 450/16 del Ministerio de Trabajo, se "intenta estatizar las cajas complementarias, entre ellas las de los docentes privados".

I-a Caja Complementaria de Jubilación de la Actividad Docente, recibe actualmente el aporte del 4,5% de los sueldos de docentes privados, que promediando un salario de alrededor de 12 mil pesos mensuales significará un giro anual de casi 1.000 de pesos a la AFIP.

Si se tiene en cuenta que esa caja tiene actualmente más de 300 mil afiliados, entre docentes privados y estatales, el desvío de esos fondos supera los 2.000 millones de pesos anuales.

Almirón explicó que "es una caja creadas con el aporte del trabajador docente, en la que ni el estado, ni el empleador ponen un peso".

Advirtió que el gremio "iniciará acciones legales en el fuero de la se- guridad social, y esperamos que hasta que se discuta la cuestión de fondo, al menos se suspenda la resolución y la intención de imponer un método de recaudación como si fueran impuestos, cuando en realidad son fondos de los trabajadores".

Almirón explicó que la resolución encomendó a la Secretaría de Seguridad Social a establecer, conjuntamente con la AFIP, el cobro de los aportes y contribuciones para su posterior derivación a la entidad de complementación previsional correspondiente".

Dijo que la resolución "no fue sometida a consultas previas con las organizaciones gremiales, no goza de consenso alguno, ni entre los Sindicatos ni en la CGT".

Además de los docentes privados y oficiales tienen cajas complementarias los gremios de telefónicos, aeronavegantes y capitanes de ultramar, entre otros.

"El Presidente Mauricio Macri habla del diálogo, pero su administración no lo practica, sobre todo si entendemos al mismo como una búsqueda permanente de consensos y participación de los trabajadores", sostuvo.

"Su práctica es la antítesis de ello, como quedó demostrado al vetar la ley antidespidos, que fuera aprobada por el Congreso de la Nación", añadió el sindicalista.

Dijo que la medida es similar a la que en su momento adoptó Cavallo con las Obras Sociales, violando la Constitución.

Fuente: Diario Popular