El proyecto plantea modificar el artículo 11 de la Ley 14.786 de Conflictos del Trabajo, para que las huelgas docentes puedan ser declaradas ilegales tras pasar un límite arbitrariamente impuesto.
El ex ministro de Educación y actual senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, busca cercenar uno de los derechos más importantes que tiene el trabajador: la libertad para realizar paros en pos de defender su salario y condiciones laborales. Para eso, el legislador presentó un proyecto de ley que delimita la posibilidad de paro a cinco días, ya sean consecutivos o salteados, a lo largo de un año.
El proyecto plantea modificar el artículo 11 de la Ley 14.786 de Conflictos del Trabajo, para que las huelgas docentes puedan ser declaradas ilegales tras pasar el límite arbitrariamente impuesto. “Así como existe un mínimo de días que el Estado está obligado a cumplir para garantizar el Ciclo Lectivo (son 180 días de clases), debe existir un límite a la huelga a los efectos de poder cumplir con dicha manda”, se justifica Bullrich.
Lo que el ex ministro no tuvo en cuenta a la hora de redactar semejante atropello a la libertad sindical es que el derecho a realizar medidas de fuerza fue consagrado por la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis: “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga”.
Por otro lado, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se entiende que la educación también se brinda enseñando a luchar por los derechos, ya sea con manifestaciones, paros o cualquier medida de fuerza que proteja al trabajador, siempre en inferioridad de fuerzas frente al empleador. Por esto es que este proyecto es fuertemente repudiado y rechazado.
Medidas como las de Bullrich no son sorpresivas; no por nada, en la provincia de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo, que pertenece al mismo partido que el ex Ministro de Educación, implementó el Ítem Aula, que castiga salarialmente a los docentes por hacer uso de sus Licencias, sea cual fuera la causa. En la misma línea corren las modificaciones en el Código contravencional de la provincia cuyana, en donde se sanciona hasta con la cárcel a quiénes realicen protestas, mostrando, una vez más la impronta antisindical del oficialismo.