Por Prof. Sandra Fererero
Asesora en Educación Inclusiva
SADOP

El proyecto atenta contra el espíritu que la ley, valorada como modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos: busca inscribir el cuidado de la salud mental en el marco de los Derechos Humanos, la salud colectiva y la reivindicación de las voces de los usuarios.

Este decreto fue elaborado sin tener en cuenta la opinión  de los equipos de salud, las organizaciones y todas las personas afectadas.

 Una de las principales críticas es que el proyecto modifica “la concepción de la salud mental” que la ley sancionada en 2010 considera como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”, y en su lugar “reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”. Esta mirada da lugar exclusivamente a las “prácticas fundadas en evidencia científica” y atenta abiertamente contra la interdisciplina, que es uno de los ejes fundamentales de la Ley de Salud Mental, es decir, contra los aportes de disciplinas “como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social”.

Otro de los puntos más preocupantes del proyecto del proyecto de decreto es que contribuye a la reinstalación de los manicomios bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y permite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a denominar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. Asimismo, se vuelve a hablar de “internación o tratamiento que motive el aislamiento de las personas con trastornos mentales y/o del comportamiento, ya sea restringiendo visitas, llamados, correspondencia o cualquier otro contacto con el exterior”.

 Se deja totalmente por fuera la opinión de profesionales, equipos de salud de salud mental”. El Colegio de Psicólogos del Gobierno de la CABA  señala que los sectores de poder ligados a la tradicional hegemonía médica –los mismos que obstaculizaron y obstaculizan la reglamentación de la ley de Salud Mental- son los impulsores , de este proyecto, cuyo “contenido retrocede de un modo escandaloso en los derechos conquistados y representa una burla a la ciudadanía en la medida que se pretenden modificar a través de una decreto reglamentario presidencial los aspectos básicos de la Ley, convirtiéndola prácticamente en su reverso conceptual”.

Debido los graves retrocesos que implica, más de cuarenta organizaciones de científicos, asociaciones de profesionales de la salud, de usuarios, cátedras de la Facultad de Psicología, centros de estudios, etc., solicitaron al presidente Mauricio Macri “que no firme el decreto que será tachado de inconstitucional, y al Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las organizaciones de usuarios/as de servicios de salud mental y de personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten”.

Desde nuestro lugar como sindicato ,propulsores del cumplimiento de todos los derechos adquiridos de manera colectiva respetando nuestras leyes es que consideramos que este decreto atenta en contra de las personas en situación de discapacidad tornándose de esta manera otra acción más de EXCLUSIÒN.

(Fuente consultada-pagina12-por Dolores Curia)