El pasado miércoles 3 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo escandaloso a favor del represor Luis Muiña, quien había sido encontrado culpable de la tortura y desaparición de por lo menos cinco personas, razón por la cual fue condenado a 13 años de prisión. Con esta nueva sentencia se garantiza entera libertad al juzgado y se deja vía libre para la excarcelación de los represores y genocidas de la última dictadura militar. Dicho fallo contó con tres votos a favor (Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos en contra (Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda), y de conjunto supone un giro en la doctrina de la Corte Suprema.

La ley 24.390 –conocida popularmente como el beneficio del 2x1- hoy derogada, estuvo vigente entre los años 1994 y 2001. Permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que los reclusos pasaran sin sentencia firme. De esta manera las penas podían reducirse de una manera contundente. Los organismos de Derechos Humanos repudiaron el fallo de la Corte que otorga el beneficio del 2x1 a represores condenados. “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, recordó Estela de Carlotto y advirtió: “Lo que no se juzga y se condena, se repite”.

El grupo de tareas que comandaba Luis Muñi -recientemente beneficiario del mencionado 2x1 en su condena y que podría salir en libertad en las próximas horas- se encargaba de torturar, asesinar y, en el mejor de los casos, señalar para su despido a decenas de trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas, ubicado en el Oeste del Conurbano bonaerense. La Corte Suprema, en fallo tan inédito como vergonzoso, entiende que “todos los presos son iguales” por lo que le corresponden los mismos beneficios, sin importar si asaltaron, fueron partícipes de delitos comunes o, como en este caso, torturaron y asesinaron al servicio del Estado para garantizar la imposición de un plan de silenciamiento ideológico para millones de argentinos.

El propio fallo abre, además, la posibilidad de que 750 represores puedan recuperar su libertad, solicitando que se les contemple este beneficio (a la fecha ya habían apelado a percibir esa potestad el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, condenado a ocho años de prisión por el robo de bebés; el ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco, conocido como el obstetra de la ESMA, que también cumple condena por la apropiación de los niños nacidos en cautiverio; y el ex militar Alejandro Lazo, condenado a diez años de cárcel por torturas y privación ilegítima de la libertad). Se trata, sin más, de un indulto encubierto a cientos de los cuadros que dirigieron la desaparición forzada de personas, las torturas y los asesinatos. No se trata, como ya circuló en algunos medios y acaso también se insinuó en el gobierno, de adultos pertenecientes a la tercera edad que merecen vivir sus últimos años en paz. Se trata, en cambio de los protagonistas del más aberrante genocidio, siniestros arquitectos de instituciones pensadas y diseñadas al servicio de la represión interna e ideológica y la desaparición de compañeras y compañeros.

El negacionismo acerca del genocidio y los 30.000, la liberación de los represores y las “prisiones domiciliarias” que empezaron a dictarse, son parte de la misma política de represión a los luchadores, armamento para las fuerzas de represión y criminalización de la protesta social.

Desde la Secretaría de DDHH de SADOP Nación denunciamos a la vez que repudiamos de plano este avance reaccionario, autoritario y antidemocrático del gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia, y llamamos a todos los sectores democráticos y a los compañeros luchadores a derrotarlo en la calle y por las instancias de apelación legal correspondientes.

Héctor Neri
Secretario de DDHH
SADOP - CDN

Sandra Moresco
Mariano Domino
Jorge Aramayo
Prosecretarios de DDHH
SADOP – CDN